La Fiscalía General de la Nación suspendió las órdenes de captura contra 23 cabecillas de estructuras criminales en Medellín, en una decisión que responde a una solicitud del Gobierno Nacional en el marco de los diálogos de “paz urbana”. La medida, formalizada mediante la Resolución 00072 del 27 de marzo de 2026, tendrá una vigencia inicial de seis meses y podría prorrogarse dependiendo de los avances en las conversaciones.
Según lo establecido, el beneficio cobija a los voceros de estas organizaciones que participan en el espacio de conversación sociojurídico que se desarrolla en la cárcel de Itagüí desde 2023. La suspensión aplica tanto para quienes permanecen privados de la libertad como para siete cabecillas que ya habían recuperado su libertad en los últimos años tras cumplir sus condenas.
De acuerdo con la Fiscalía, la decisión se fundamenta en los avances reportados en la mesa de diálogo, orientados a la desarticulación de estructuras armadas, la transformación de economías ilícitas y la reducción progresiva de las violencias urbanas en el Valle de Aburrá. En ese sentido, el Gobierno ha planteado este mecanismo como parte de su estrategia de “paz total”.
Entre los nombres incluidos en la medida figuran reconocidos líderes de organizaciones delincuenciales con amplia trayectoria criminal en la región, varios de ellos vinculados históricamente a estructuras como “La Oficina”. Algunos de los beneficiados que actualmente se encuentran en libertad han recuperado este estatus por cumplimiento de penas, aunque no se ha precisado el rol específico que desempeñan dentro del proceso de paz.
La decisión también ha generado cuestionamientos en distintos sectores, especialmente por el momento en el que se adopta, en medio de un contexto político y electoral. Voces críticas han advertido sobre los posibles efectos en materia de seguridad y han planteado preocupaciones frente a la capacidad de control sobre estos actores, así como el mensaje que se envía a las víctimas.
Desde las autoridades locales, tanto la Gobernación de Antioquia como la Alcaldía de Medellín han manifestado su rechazo a la medida. Han señalado que podría representar un riesgo de reconfiguración de estructuras criminales y han insistido en que la decisión afecta a las víctimas y a los esfuerzos institucionales que durante años permitieron la captura de estos cabecillas.
Pese a las críticas, el Gobierno Nacional sostiene que la suspensión de las órdenes de captura es un instrumento necesario para facilitar el diálogo y avanzar en la reducción de la violencia urbana. La continuidad de esta medida estará sujeta a los resultados que se obtengan en la mesa de negociación y al cumplimiento de los compromisos por parte de los actores involucrados.
