Un mes después de que la Fiscalía General de la Nación solicitara a Interpol la captura internacional de Carlos Ramón González, no ha habido una respuesta oficial. El exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) es investigado por su presunta implicación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que involucra millonarios contratos irregulares y presuntos desvíos de recursos.
Fuentes cercanas al caso confirman que la petición de circular roja fue enviada a la sede central de Interpol en Lyon, Francia, el pasado mes. Sin embargo, hasta la fecha, no hay confirmación de que la orden haya sido procesada o que la alerta esté activa en el sistema internacional de búsqueda.
Un caso que involucra a la cúpula gubernamental
La investigación contra Carlos Ramón González forma parte de un expediente más amplio sobre irregularidades en contratos de la UNGRD, en el que ya figuran otros exfuncionarios y contratistas. Según la Fiscalía, se habrían cometido delitos como interés indebido en la celebración de contratos, peculado y concierto para delinquir.
González, quien ocupó el cargo de director del Dapre durante el actual gobierno, fue mencionado por testigos como parte de la red que habría facilitado la adjudicación irregular de contratos a empresas afines. Las acusaciones apuntan a que parte de los recursos destinados a atender emergencias fueron desviados para fines políticos y personales.
El exfuncionario salió del país semanas antes de que se emitiera la orden de captura, lo que motivó a las autoridades a acudir a Interpol para su localización y detención en el extranjero. Sin la activación de la circular roja, las posibilidades de su captura en territorio internacional se reducen significativamente.
Interpol y el silencio que preocupa
En procedimientos habituales, la activación de una circular roja por parte de Interpol puede tardar desde pocos días hasta varias semanas, dependiendo de la claridad de las pruebas y la documentación presentada por el país solicitante. Sin embargo, el lapso de un mes sin avances genera inquietud en la opinión pública y en los investigadores.
Expertos en derecho penal internacional señalan que las demoras pueden deberse a la necesidad de verificar la legalidad de la solicitud, así como al cumplimiento estricto de los protocolos de derechos humanos que exige Interpol para evitar abusos. Sin embargo, también admiten que, en casos con relevancia política, las gestiones pueden enfrentar trabas adicionales.
La Fiscalía ha reiterado que mantiene abiertos los canales de comunicación con Interpol y que está dispuesta a entregar cualquier información complementaria necesaria para acelerar el proceso. No obstante, hasta ahora, no se ha emitido un pronunciamiento oficial que confirme la inclusión de González en la base de datos internacional de buscados.
