Durante una audiencia judicial clave, la Fiscalía General de la Nación reveló nuevos elementos en la investigación del atentado contra Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado 7 de junio en Bogotá. Uno de los puntos más sensibles fue el destino del celular del menor implicado, un adolescente que habría sido instrumentalizado por los autores intelectuales del ataque.
Según los fiscales, una de las primeras acciones tras consumar el atentado fue asegurar la eliminación de pruebas incriminatorias. En ese proceso, el teléfono del joven fue entregado a un tercero para evitar que cayera en manos de las autoridades. Esta maniobra habría sido coordinada por Elder José Arteaga, alias El Costeño, señalado como el principal operador logístico del ataque.
El contenido del dispositivo, que potencialmente contenía comunicaciones, fotografías o instrucciones sobre el atentado, podría haber comprometido seriamente a los involucrados. Sin embargo, las autoridades confirmaron que actualmente se desconoce su paradero.
Promesas de impunidad: cómo usaron al menor para el atentado
Uno de los aspectos más inquietantes expuestos por la Fiscalía es cómo se manipuló al menor para participar en el crimen. Durante la audiencia, se presentaron audios en los que se escuchan conversaciones entre los presuntos responsables y el adolescente. En ellas, se le prometía “protección” y que la complicidad policial garantizaría su huida tras el ataque.
Este patrón de reclutamiento, que utiliza a menores de edad como ejecutores de actos criminales a cambio de promesas de impunidad, evidencia una estrategia sistemática y calculada por parte de los organizadores. Alias El Costeño no solo habría coordinado la logística del ataque, sino también las acciones posteriores destinadas a encubrir a los responsables y desviar la atención de los investigadores.
Además, se detalló que al menor se le entregó dinero y se le ofreció ayuda para abandonar Bogotá inmediatamente después del atentado. A pesar de los esfuerzos por ocultarlo, el joven fue capturado días después y ahora es una pieza clave en el esclarecimiento del caso.
Complicidad y silencio: ¿cómo se borraron otras evidencias?
El caso no solo ha puesto el foco en el ataque como tal, sino también en las acciones posteriores destinadas a obstruir la justicia. Además del celular del menor implicado, la Fiscalía mencionó que varias pertenencias que podrían ser clave en la investigación fueron retiradas o destruidas de forma sistemática.
En particular, se investigan posibles filtraciones dentro de la fuerza pública, dado que algunos de los implicados habrían tenido información anticipada sobre los movimientos judiciales, lo que les permitió ajustar su estrategia de evasión. También se identificaron patrones sospechosos en las rutas de escape y contactos de apoyo en otras regiones del país.
Estas revelaciones amplían el alcance de la investigación, que ya no se limita al atentado en sí, sino que apunta a una red más amplia de complicidad, con actores que aún podrían estar activos y buscando evadir la acción de la justicia.
