En una decisión que ha generado gran revuelo en el ámbito judicial y político del país, la Fiscalía General de la Nación decidió retirar al fiscal Mario Burgos del caso que involucra a Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro. Esta acción se produjo tras la declaración de una recusación presentada por los abogados del procesado, Nicolás Petro.
La situación se desarrolló luego de que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial formulase pliego de cargos contra Burgos, acusándolo de haber filtrado videos del interrogatorio y la captura de Nicolás Petro a un medio de comunicación. Esta acusación llevó a que se considerara que Burgos no podía seguir desempeñando su rol en la investigación de manera imparcial.
La Fiscalía General de la Nación emitió un comunicado en el que explicó las razones detrás de la decisión. «La Delegada para la Seguridad Territorial determinó que la decisión disciplinaria del pasado 7 de junio constituye, por sí sola y de manera objetiva, causal de impedimento para el doctor Burgos Patiño. Por ello, este fiscal ante el Tribunal Superior de Distrito no podrá continuar como delegado para adelantar la investigación contra el ciudadano Nicolás Petro», se lee en el documento.
El comunicado también señala que, según la resolución 372 del 9 de julio de 2024, «del pliego disciplinario de cargos surge la causal objetiva 11 del artículo 56 de la Ley 906 de 2004, según la cual ‘(…) si la denuncia o la queja fuere presentada con posterioridad a la formulación de la imputación, procederá el impedimento cuando se vincule jurídicamente al funcionario judicial'». Esto implica que la formulación de cargos disciplinarios contra Burgos automáticamente lo inhabilita para continuar con su labor en este caso específico.
La salida de Burgos del caso de Nicolás Petro plantea interrogantes sobre la transparencia y la integridad del proceso judicial, y ha generado diversas reacciones tanto en el ámbito político como en el judicial. Mientras algunos sectores aplauden la decisión como una medida necesaria para garantizar la imparcialidad del proceso, otros la critican, sugiriendo que podría tratarse de una maniobra para favorecer al hijo del presidente.
