La Fiscalía General de la Nación solicitó medida de aseguramiento intramural contra Misael Cadavid, María Janeth Rúa García y Elkin de Jesús González Correa, acusados de haber cometido graves irregularidades durante la administración de Daniel Quintero en Medellín. De acuerdo con el ente acusador, los implicados habrían desviado más de 17.000 millones de pesos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, mediante la manipulación de contratos y el uso de recursos públicos con fines personales. Las investigaciones revelan un entramado de corrupción administrativa que, según la Fiscalía, afectó directamente el patrimonio público y la confianza en una institución clave para la atención de emergencias.
El presunto desvío de contratos millonarios en Itagüí
Durante la audiencia, realizada de manera virtual, el fiscal del caso explicó que los tres investigados habrían instrumentalizado al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí para ejecutar seis contratos entre 2020 y 2021, en los que se detectaron sobrecostos y facturas falsas. Según la evidencia obtenida en allanamientos e inspecciones judiciales, los contratos alcanzaron un valor de más de 17.000 millones de pesos, con irregularidades en su adjudicación y ejecución. El ente investigador aseguró que la conducta de los acusados fue “dolosa y reiterada”, señalando que sabían cómo manipular los procesos para evadir los controles y ocultar la desviación de fondos. En el caso de Rúa García, aún funcionaria en el área metropolitana de Medellín, se determinó que continuaba realizando gestiones contractuales similares a las que originaron la investigación, lo que representa un riesgo de obstrucción a la justicia.
Manipulación de testigos y ocultamiento de pruebas
Las pruebas presentadas por la Fiscalía incluyen discos duros incautados y grabaciones telefónicas que demostrarían intentos de manipular testigos y ocultar documentos. En las interceptaciones, Misael Cadavid habría ofrecido dinero y beneficios laborales a empleados para alterar declaraciones o destruir evidencias. En uno de los audios divulgados, el funcionario promete una suma considerable a una trabajadora para comprar una vivienda, con la condición de despedirla después y pagarle una indemnización, mecanismo que, según el fiscal, evidencia “uso indebido de recursos institucionales y manipulación laboral”. Un testigo relató además que fue citado en las instalaciones del cuerpo de bomberos, donde se le ofreció un abogado para atender la citación judicial y se le pidió mantener una versión favorable a los investigados. Mientras el conductor reportaba servicios por 27 millones de pesos, las facturas oficiales registraban pagos de 120 millones, lo que deja al descubierto sobrecostos por más de 90 millones de pesos. El fiscal también advirtió que durante los allanamientos se encontraron nuevas facturas falsas por 200 millones, presentadas para aparentar legalidad en las operaciones, confirmando una maniobra de ocultamiento probatorio.
Continuación de la audiencia y repercusiones en Medellín
La audiencia de solicitud de medida de aseguramiento se reanudará el jueves 9 de octubre, cuando intervendrá el representante del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, y continuará el viernes 10, con la intervención de las defensas de los acusados. La Fiscalía General argumentó que la gravedad de las conductas, la posible interferencia en el proceso y el impacto social de los hechos justifican que los procesados sean enviados a prisión mientras avanza el juicio. Este nuevo escándalo se suma a una serie de cuestionamientos sobre presuntos hechos de corrupción en la administración de Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, cuya gestión ha sido objeto de múltiples investigaciones en los últimos años. El caso de Cadavid, en particular, pone en el centro del debate el manejo de entidades públicas y organismos de socorro bajo convenios estatales. Para la Fiscalía, la desviación de estos recursos “afecta directamente a los ciudadanos que confiaron en la labor del cuerpo de bomberos”, ya que el dinero destinado a la atención de emergencias fue presuntamente redirigido hacia intereses personales y políticos.
La decisión judicial que se adopte en los próximos días podría marcar un precedente en la lucha contra la corrupción local y determinar la responsabilidad penal de los funcionarios implicados. Si se aprueba la medida intramural, los tres procesados permanecerán recluidos mientras avanza la etapa de acusación formal, en un proceso que podría revelar nuevas conexiones con otras dependencias de la administración municipal.
