El proceso judicial contra el excanciller Álvaro Leyva Durán entró en una nueva etapa luego de que la Fiscalía General de la Nación radicara el escrito de acusación en su contra por el delito de prevaricato por acción, en el marco de las presuntas irregularidades en la licitación para la expedición de pasaportes en Colombia.
La audiencia de formulación de acusación fue programada para el próximo 23 de abril a las 3:00 p. m. ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. El caso será estudiado por la magistrada Blanca Nélida Barreto, quien deberá evaluar las pruebas presentadas por el ente acusador para determinar si el exfuncionario enfrenta juicio formal.
Según la Fiscalía, Leyva habría expedido varios actos administrativos contrarios a la ley mientras se desempeñaba como ministro de Relaciones Exteriores. Estas decisiones estarían relacionadas con la licitación pública 001 de 2023, un proceso que buscaba adjudicar el contrato para la producción, almacenamiento y entrega de pasaportes, por un valor cercano a los 600.000 millones de pesos.
El punto central del caso se remonta a septiembre de 2023, cuando el entonces canciller declaró desierta la licitación, pese a que la unión temporal liderada por la empresa Thomas Greg & Sons era la única que cumplía con los requisitos exigidos y había obtenido el mayor puntaje técnico. Para la Fiscalía, esta decisión habría sido adoptada de manera arbitraria y en contravía del ordenamiento jurídico.
Además, el ente acusador sostiene que el exfuncionario no solo declaró desierto el proceso, sino que también inadmitió recursos presentados por la empresa interesada, a pesar de las advertencias técnicas que señalaban riesgos para la continuidad del servicio. Estas actuaciones, según la investigación, podrían haber afectado la prestación de un servicio público esencial y derechos como la libre movilidad de los ciudadanos.
El caso también tuvo consecuencias económicas para el Estado, luego de que se derivara una controversia jurídica con una pretensión de conciliación cercana a los 117.000 millones de pesos. Paralelamente, el Gobierno optó por un esquema transitorio mediante un convenio con la Casa de la Moneda de Portugal para garantizar la expedición de pasaportes mientras se reorganiza el servicio.
Por estos mismos hechos, la Procuraduría General de la Nación ya sancionó disciplinariamente a Leyva con una inhabilidad de 10 años para ejercer cargos públicos. Con la radicación del escrito de acusación, el proceso penal avanza hacia una fase en la que la Corte Suprema deberá determinar si las decisiones del exministro constituyeron un ejercicio legítimo de su función o una actuación contraria a la ley.
