Por tercera vez, la Fiscalía General de la Nación ha iniciado una inspección en las oficinas de la empresa Air-e, en el marco de una investigación por un presunto robo de mayor cuantía. La diligencia, programada para este jueves, se suma a las ya realizadas en abril y a principios de junio de 2025, y tiene como objetivo revisar minuciosamente la gestión financiera de la compañía desde que fue intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) en septiembre de 2024.
Esta nueva visita busca esclarecer el destino de al menos $400 mil millones de pesos, cifra que ha despertado serias alarmas tanto en organismos de control como entre los usuarios del servicio. El ente acusador ha solicitado documentos clave que permitan una evaluación integral del estado contable y administrativo de la empresa durante el periodo intervenido.
¿Qué indaga la Fiscalía en las oficinas de Air-e?
La investigación partió de una denuncia presentada por el abogado Jaime Lombana, quien puso en duda la legalidad de múltiples movimientos financieros realizados durante el proceso de intervención. Como respuesta, la Fiscalía ordenó desde abril una serie de inspecciones con enfoque en los siguientes aspectos:
- Balances financieros correspondientes al periodo septiembre-octubre de 2024.
- Pagos realizados a terceros, incluyendo contratistas y proveedores.
- Contratos y hojas de vida de los tres agentes interventores que lideraron la gestión de Air-e tras la intervención estatal.
Esta semana, los fiscales asignados solicitaron también información a la Revisoría Fiscal y a la DIAN, enfocándose en las deudas adquiridas por la empresa antes del 12 de septiembre de 2024. Según los documentos requeridos, se busca identificar obligaciones vencidas y no vencidas, junto con sus respectivas fechas de vencimiento, para establecer responsabilidades legales concretas.
Superservicios en el centro del escrutinio
La intervención de Air-e por parte de la Superservicios fue anunciada como una medida correctiva frente a supuestas irregularidades administrativas. No obstante, con el avance de las investigaciones, han surgido cuestionamientos sobre la eficacia y transparencia del proceso.
La Fiscalía ha enfatizado que no solo se trata de revisar documentos, sino de examinar el papel de los interventores designados por Superservicios, cuyas decisiones y contratos han generado inquietudes. La naturaleza de estas inspecciones apunta a determinar si existió dolo, negligencia o corrupción en el manejo de recursos públicos y privados durante la intervención.
En este sentido, la empresa también fue requerida para entregar certificaciones detalladas sobre su operatividad, gestión jurídica y acciones emprendidas durante el periodo investigado. La hipótesis central de la Fiscalía es que podrían haberse cometido irregularidades que comprometen la estabilidad financiera del servicio de energía en varias regiones del país.
