La Fiscalía General de la Nación anunció este martes 3 de junio que imputará cargos al exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, en el marco del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La decisión se desprende de la negociación de un principio de oportunidad con María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, quien ha entregado información clave en el proceso.
Según explicó la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, se han recopilado elementos materiales probatorios suficientes para sustentar la imputación formal de Bonilla. Los delitos por los que será procesado incluyen tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos, ambos relacionados con irregularidades en contrataciones gestionadas desde la UNGRD.
La solicitud de imputación ya fue radicada ante el Centro de Servicios Judiciales del complejo de Paloquemao, y la audiencia será programada una vez se legalice el principio de oportunidad con Benavides.
Testimonios clave comprometen al exministro
El testimonio de María Alejandra Benavides no será el único elemento de prueba en contra del exministro. Según la fiscal Patiño, hay varios testigos que han rendido declaración, lo que fortalece la hipótesis del ente acusador. “Las labores de corroboración y de aseguramiento probatorio son dispendiosas, son lentas, y deben ser muy serias para no cometer una injusticia o una imprecisión. Eso lleva su tiempo”, explicó la funcionaria.
Patiño destacó que el caso exige rigurosidad procesal, dado que involucra a una figura de alto perfil que ocupó uno de los cargos más estratégicos en la estructura gubernamental. Aunque no se ha definido si se pedirá una medida de aseguramiento contra Bonilla, la Fiscalía no descarta esa posibilidad en etapas posteriores del proceso.
El principio de oportunidad, por su parte, representa un avance significativo en el caso. Este mecanismo le permite a la Fiscalía negociar beneficios procesales con imputados o investigados a cambio de colaboración eficaz en la investigación penal, lo cual podría acelerar la revelación de nuevos implicados en la red de corrupción en la UNGRD.
Una nueva fase en el escándalo de la UNGRD
El escándalo de la UNGRD ha sacudido a diversas esferas del poder público, revelando posibles redes de corrupción en contratos destinados a la atención de emergencias. La imputación a Ricardo Bonilla marca una nueva fase en el caso, con el foco puesto en altos exfuncionarios del Gobierno.
La Fiscalía ha sido enfática en que el proceso se desarrolla con apego estricto a la legalidad, subrayando que la existencia de múltiples testigos y pruebas documentales refuerzan la seriedad del caso. El seguimiento al dinero público en entidades como la UNGRD ha sido una prioridad de las autoridades judiciales, y este anuncio refuerza ese compromiso.
Bonilla, quien fue una figura clave en el manejo económico del país durante su paso por el Ministerio de Hacienda, ahora deberá responder por las acusaciones que lo vinculan con maniobras irregulares en la adjudicación de contratos públicos.
Con la imputación en curso, y a la espera de la legalización del principio de oportunidad, el caso sigue abierto y podría implicar a más funcionarios, tanto actuales como del pasado gobierno. La expectativa sobre nuevas revelaciones es alta, y el proceso judicial será clave para evaluar la solidez de las acusaciones y la capacidad del sistema para sancionar con justicia.
