La Fiscalía General de la Nación dará un paso decisivo en el proceso judicial por el escándalo de corrupción en la UNGRD, que compromete más de \$100.000 millones del erario. Este martes 27 de mayo, el ente acusador iniciará una nueva etapa con la imputación de cargos a ocho personas presuntamente vinculadas a un entramado criminal que direccionó la contratación pública en beneficio de intereses particulares.
La investigación, que ha revelado una estructura de corrupción sistemática, gira en torno a un convenio entre la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Este acuerdo fue modificado sustancialmente y, según la Fiscalía, se utilizó como fachada para desviar cuantiosos recursos mediante contratos irregulares y maniobras fraudulentas.
Un convenio manipulado para el desfalco
El convenio entre la UNGRD y la ANT, inicialmente concebido para mejorar la gestión territorial y atender poblaciones vulnerables, habría sido alterado para convertirse en una herramienta de saqueo. De acuerdo con la Fiscalía, este documento fue el vehículo jurídico para facilitar la apropiación indebida de fondos públicos, eludir controles de legalidad y favorecer a terceros mediante contratación amañada.
La gravedad del caso radica no solo en el monto del desfalco, sino también en la participación coordinada de funcionarios públicos, contratistas, abogados y representantes legales de entidades privadas. Todos ellos habrían tenido un rol específico en el esquema, ya fuera en la elaboración de documentos falsos, la ejecución de contratos sin cumplimiento real o el ocultamiento de los recursos desviados.
Los ocho imputados y los delitos atribuidos
Entre los implicados se encuentra César Manrique Soacha, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, quien será imputado por concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
También figura el abogado Édgar Riveros Rey, acusado de cinco delitos, incluyendo falsedad en documento público y privado, además de los mencionados anteriormente. A él se suman Sonia Rocío Romeo Hernández y Óscar Enrique Cárdenas Angulo, contratistas de la UNGRD, quienes enfrentarán cargos similares por su participación directa en la ejecución irregular de contratos.
Otros procesados son Édgar Echeverri Toro, representante legal de la Corporación Mixta Yapurutú, y Francisco Javier Estupiñán Bravo, jefe de ventas de la misma entidad. Ambos serán imputados por interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y falsedad documental.
Finalmente, los señalamientos por lavado de activos recaen sobre Jorge Aristizábal Rodríguez, funcionario del Departamento Administrativo de la Función Pública, y Ana María Riveros Barbosa, contratista de la UNGRD. Estas conductas habrían sido clave para ocultar el origen ilícito de los recursos malversados y dificultar su rastreo por las autoridades.
¿Qué implicaciones tiene esta audiencia para la lucha contra la corrupción?
La audiencia de imputación representa un momento crucial en el avance del proceso penal, ya que formaliza los cargos y permite al Estado solicitar medidas de aseguramiento privativas de la libertad para todos los implicados. La Fiscalía argumentará que su libertad constituye un riesgo para la integridad del proceso y podría obstaculizar la recuperación de los fondos públicos desviados.
Este caso se inscribe en una línea más amplia de investigaciones que han destapado un patrón de corrupción sistemática al interior de la UNGRD, un organismo clave para la atención de emergencias y desastres en Colombia. La profundidad del fraude pone en entredicho no solo los controles institucionales, sino también la confianza ciudadana en las entidades encargadas de gestionar los recursos públicos en situaciones críticas.
El proceso judicial que inicia esta semana podría marcar un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción en el país, especialmente si logra esclarecer la cadena de responsabilidades y recuperar parte del patrimonio público comprometido. ¿Será este el comienzo del fin para las redes de corrupción enquistadas en la gestión del riesgo en Colombia?
