La Fiscalía General de la Nación inició una indagación preliminar contra el excanciller Álvaro Leyva, tras denuncias que lo vinculan con una presunta conspiración política para apartar del poder al presidente Gustavo Petro. El caso surge a raíz de las declaraciones del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, y del abogado del mandatario, quienes alertaron sobre posibles maniobras ilegales para desestabilizar el Gobierno.
Un fiscal delegado ante la Corte Suprema fue designado para adelantar los actos urgentes de la investigación, enfocándose en determinar si existió un plan coordinado con fines políticos que pueda constituir un delito. La noticia ha generado un fuerte impacto en el panorama nacional, reabriendo el debate sobre la estabilidad institucional y la influencia de las élites políticas en Colombia.
Origen de las denuncias
Las acusaciones contra Álvaro Leyva se hicieron públicas cuando Daniel Quintero señaló que el exministro habría participado en reuniones privadas con sectores de oposición, supuestamente con el objetivo de diseñar una estrategia para “tumbar” a Gustavo Petro.
El abogado del presidente respaldó estas afirmaciones, aportando elementos que, según él, demuestran la existencia de conversaciones y coordinaciones que podrían configurar una conspiración política. Las denuncias fueron formalizadas ante la Fiscalía, que de inmediato asignó un equipo especializado para verificar la veracidad de los señalamientos.
Fuentes cercanas al caso señalan que la investigación también revisará el contexto político y las relaciones previas de los implicados, con el fin de identificar si las supuestas acciones tenían alcance institucional o buscaban únicamente generar un clima de inestabilidad.
Avances iniciales de la investigación
El fiscal designado inició la recolección de pruebas documentales y testimoniales, priorizando la obtención de grabaciones, mensajes y registros que puedan respaldar o desvirtuar las denuncias. Entre las diligencias preliminares se contempla la citación a los denunciantes para que amplíen su versión y entreguen soportes adicionales.
La Fiscalía ha manifestado que actuará con absoluta independencia, pero el proceso no está exento de tensiones políticas. La figura de Álvaro Leyva, quien fue parte del gabinete de Petro y luego se distanció, añade un componente de interés público, dado que su eventual responsabilidad podría tener repercusiones en la gobernabilidad.
Especialistas en derecho penal advierten que, si se llegara a comprobar una concertación para alterar el orden constitucional, las consecuencias podrían ser graves, incluyendo la imputación de cargos relacionados con delitos contra la seguridad del Estado.
Impacto político y reacciones
La apertura de la indagación ha polarizado aún más el ambiente político. Desde el oficialismo se interpreta como una confirmación de que existen sectores dispuestos a recurrir a maniobras ilegales para afectar al Gobierno. Por su parte, opositores de Petro consideran que las denuncias son parte de una estrategia para victimizar al presidente y desacreditar a sus críticos.
Daniel Quintero ha insistido en que la investigación debe llegar “hasta las últimas consecuencias”, mientras que voceros cercanos a Álvaro Leyva han rechazado las acusaciones, calificándolas de infundadas y motivadas por intereses políticos.
Analistas coinciden en que este caso podría marcar un precedente sobre cómo la justicia aborda denuncias de conspiración política en Colombia, en un contexto en el que la confianza ciudadana en las instituciones enfrenta desafíos crecientes.
