En un hecho que reaviva el debate público y judicial en el país, la exfiscal Lucy Laborde, quien tuvo a su cargo la investigación penal contra Nicolás Petro Burgos, ofreció escabrosas e inéditas declaraciones sobre las presuntas presiones internas que habría recibido desde la cúpula de la Fiscalía General de la Nación para modificar la tipificación de los delitos imputados al hijo del presidente de la República.
Según el testimonio de Laborde, durante una reunión formal llevada a cabo en el despacho principal del ente regulador, se le habría planteado directamente la posibilidad de retirar el cargo de lavado de activos del escrito de acusación, dejando únicamente el delito de enriquecimiento ilícito. La exfuncionaria aseguró que su respuesta ante dicha insinuación fue un rotundo no, fundamentando su decisión en el riguroso análisis probatorio previamente recopilado por el equipo investigador.
Detalles de la reunión en el despacho general
De acuerdo con el relato brindado por la exfiscal, la cita fue convocada por la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, y contó con la presencia de cinco altos funcionarios del organismo. Entre los asistentes se encontraban la fiscal delegada Aura Liliana Trujillo, el vicefiscal general, la entonces directora contra el lavado de activos, la doctora Alexandra, y la propia Lucy Laborde.
Durante el encuentro, la fiscal general le preguntó directamente sobre la viabilidad y firmeza de la acusación por el delito de lavado de activos. Laborde sostuvo que existían los elementos materiales probatorios suficientes para demostrar la ocurrencia de dicha conducta punible. No obstante, según la exfiscal, la fiscal delegada Aura Liliana Trujillo expresó su sorpresa ante la postura del despacho e inquisitivamente cuestionó por qué no se retiraba ese delito para dejar únicamente la acusación por enriquecimiento ilícito de servidor público.
Laborde relató que, en medio de la discusión técnica, se evaluaron las implicaciones que conllevaría mantener el delito de lavado de activos, entre las que se destacó la eventual inclusión del procesado en listas internacionales como la Lista OFAC (conocida comúnmente como Lista Clinton). Ante ese panorama, según el testimonio de la exfiscal, la sugerencia expresada en la mesa fue que se le impusiera a Petro Burgos una pena alta únicamente por enriquecimiento ilícito, la cual, en la práctica, terminaría cumpliéndose en una unidad o guarnición militar.
Al ser cuestionada textualmente sobre si la fiscal general Luz Adriana Camargo le había pedido directamente quitar el lavado de activos a Nicolás Petro, la exfiscal Laborde fue enfática en responder afirmativamente, reiterando que la instrucción o sugerencia buscaba atenuar la tipificación jurídica de la acusación formal.
La negativa de la fiscal y las consecuencias institucionales
Frente a lo planteado en el despacho, Lucy Laborde manifestó que se negó a realizar cualquier modificación contractual o procesal en el escrito de acusación. La exfiscal explicó que, con anterioridad a esa reunión, se había dedicado a estudiar minuciosamente el expediente en compañía del fiscal de apoyo del caso, el doctor Merchant, quien era su vecino de oficina y conocía en profundidad los avances de las pesquisas.
Laborde argumentó que la tesis jurídica formulada por el equipo de fiscalía demostraba con claridad la existencia de diversos negocios jurídicos interpuestos por Nicolás Petro para dar apariencia de legalidad a dineros cuya procedencia ilícita estaba siendo investigada. Por tal motivo, eliminar la imputación por lavado de activos resultaba inviable e injustificado desde el punto de vista técnico-legal, señalando que «un delito no se le quita a una persona porque sí, no era algo negociable».
Entre los argumentos expuestos durante la reunión para cuestionar el lavado de activos, se mencionó que los dineros habrían tenido origen en aportes del ciudadano conocido como el Turco Hilsaca, quien según indagaciones previas no registraba condenas por narcotráfico. Sin embargo, la exfiscal insistió en que el origen de los fondos y los mecanismos utilizados para su ocultamiento encajaban plenamente en la figura del blanqueo de capitales.
Posterior a la firme negativa de Laborde, el ambiente de la reunión se tornó distante. Según la exfuncionaria, la despedida por parte de la fiscal general fue notablemente «seca». A partir de ese momento, relata Laborde, se quebrantaron los compromisos previos asumidos por la institución, como la asignación formal de un fiscal de apoyo permanente, lo que derivó en su posterior apartamiento del proceso. Laborde concluyó que su postura ética e intransigente frente a la legalidad del expediente terminó desencadenando su salida de la conducción del caso judicial más sensible del panorama nacional actual.
