Los reportes oficiales de financiación de la consulta presidencial del Pacto Histórico volvieron a encender el debate sobre el origen de los recursos en campañas políticas. La atención se centra ahora en los ingresos y gastos reportados por Iván Cepeda, ganador de la consulta, y por Carolina Corcho, segunda en la contienda, según los informes entregados al Consejo Nacional Electoral (CNE).
En el caso de Cepeda, la campaña declaró gastos por poco más de 964 millones de pesos. De ese total, una parte menor correspondió a recursos propios, mientras que la mayoría fue registrada como aportes bajo la figura de contribuciones, donaciones o créditos de particulares. Los reportes muestran que uno de los aportes más significativos provino de una empresa de publicidad con capital mínimo registrado y sin ingresos por actividad económica, de acuerdo con certificados mercantiles conocidos públicamente.
La información disponible señala que esta empresa realizó una donación que supera la mitad del total de los gastos reportados por la campaña, a lo que se sumó un aporte adicional de su representante legal. Aunque los montos fueron declarados dentro de los topes legales establecidos para la consulta, el contraste entre el tamaño del aporte y la capacidad financiera registrada de la empresa generó cuestionamientos sobre la trazabilidad de los recursos.
En paralelo, la financiación de la campaña de Carolina Corcho presentó un esquema distinto, pero también concentrado. Más de la mitad de sus gastos fueron cubiertos mediante un préstamo de una empresa que figura en proceso de liquidación y sin ingresos reportados, según consta en los registros oficiales. El resto de los recursos se estructuró a través de múltiples préstamos de personas naturales.
Estos hallazgos no implican, por sí solos, una violación de los límites de financiación, pero sí abren interrogantes sobre los controles existentes y la solidez económica de los aportantes. El caso ya reavivó el debate político sobre la necesidad de fortalecer la vigilancia a la financiación de campañas, especialmente en consultas internas, un escenario que en el pasado ya ha llevado al CNE a revisar con lupa los movimientos financieros del Pacto Histórico.
Ahora, el foco está puesto en el escrutinio de las autoridades electorales, que deberán determinar si la procedencia de los recursos cumple con los estándares de legalidad y transparencia exigidos por la normativa vigente
