La familia del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay radicó una denuncia penal contra Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Según la defensa, la entidad ignoró más de 23 solicitudes de refuerzo de seguridad realizadas durante 2025, pese a la condición de riesgo extraordinario del congresista.
“La última solicitud fue el 5 de junio y no hubo respuesta efectiva”, declaró el abogado, señalando que desde enero, la UNP solo respondía con mensajes repetidos sin soluciones concretas.
La UNP no actualizó el esquema de seguridad en 2024
Aunque en 2023 la UNP clasificó a Uribe como un individuo en riesgo extraordinario, en 2024 no se actualizó su esquema de protección, a pesar de su condición de precandidato a la Presidencia. La denuncia argumenta que esta falta de actualización dejó al senador en estado de indefensión.
El abogado indicó que la entidad negó incluso los desplazamientos del equipo de escoltas, sin reevaluar el nivel de riesgo ni atender los nuevos contextos generados por la campaña.
Hay evidencia de más de 20 comunicaciones oficiales sin respuesta efectiva
Se conocieron al menos 20 cartas enviadas por Uribe Turbay a la UNP entre enero y junio de 2025. En ellas solicitó mayor seguridad para sus desplazamientos en campaña, especialmente en regiones con antecedentes de amenazas.
Ninguna de estas comunicaciones se tradujo en una acción concreta. La defensa considera que esto representa una omisión institucional que pone en duda la capacidad de respuesta del Estado ante requerimientos de protección a figuras políticas.
El caso podría escalar a nivel político y judicial
La Fiscalía General de la Nación evaluará si existen elementos para abrir una investigación formal contra Rodríguez. Este caso podría implicar responsabilidades por parte del Estado, en caso de comprobarse negligencia en la evaluación del riesgo y en la implementación de medidas de seguridad.
La situación también plantea dudas sobre la eficiencia de la UNP para garantizar la seguridad de todos los candidatos, más aún en un contexto electoral. La denuncia de Uribe pone el foco en la necesidad de transparencia y eficacia en los procesos de protección para actores políticos.
