El Ministerio de Justicia pidió formalmente a la Fiscalía General de la Nación iniciar los trámites de extradición contra Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), quien actualmente reside en Nicaragua. La solicitud surge luego de conocerse la renovación de su permiso de residencia en ese país, pese a tener una orden de captura vigente en Colombia por su presunta participación en el escándalo de corrupción Ungrd.
El caso de González ha generado fuertes reacciones en sectores políticos y jurídicos. Su nombre figura dentro de los investigados por las irregularidades en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), un entramado de corrupción que habría desviado millonarios recursos públicos.
El proceso judicial y la acusación por corrupción
Carlos Ramón González, quien ocupó un cargo estratégico en la Casa de Nariño durante el actual gobierno, enfrenta cargos por su supuesta participación en un plan de corrupción que compromete la transparencia de la Ungrd. Las investigaciones señalan que este entramado habría favorecido intereses privados en la contratación estatal, afectando directamente la gestión de recursos destinados a la atención de emergencias.
La Fiscalía General de la Nación mantiene activa una orden de captura internacional contra González, lo que refuerza la presión para que Nicaragua colabore con la justicia colombiana. De confirmarse la extradición, González deberá responder ante la justicia por delitos relacionados con corrupción y posibles abusos de poder durante su gestión en el Dapre.
La posición del Ministerio de Justicia y el papel de Nicaragua
La solicitud de extradición representa un paso clave en la estrategia del gobierno colombiano para combatir la corrupción y recuperar la confianza ciudadana en las instituciones. El Ministerio de Justicia ha insistido en la importancia de que el proceso avance con celeridad, señalando que se trata de un caso emblemático para demostrar que la lucha contra la corrupción no tiene excepciones.
La situación adquiere un matiz diplomático, dado que González renovó recientemente su permiso de residencia en Nicaragua, lo que podría interpretarse como un intento de evadir la justicia colombiana. El gobierno de ese país ahora tendrá que decidir si colabora en la entrega del exfuncionario. La atención se centra en la disposición de las autoridades nicaragüenses para responder a la solicitud formal y cumplir con los tratados internacionales de cooperación judicial.
