El antiguo secretariado de las Farc reconoció ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) su responsabilidad por el reclutamiento y utilización de 18.677 niños y niñas durante el conflicto armado. La admisión quedó consignada en un documento de cinco páginas firmado por Rodrigo Londoño, conocido como ‘Timochenko’, y otros seis exintegrantes de la cúpula guerrillera, dentro del Caso 07.
En la carta, los comparecientes aceptan “de manera clara la ocurrencia de todos los hechos y conductas” atribuidos en el Auto de Determinación de Hechos y Conductas (ADHC). El reconocimiento, señalan, es pleno y deja sin efecto cualquier afirmación previa que pudiera interpretarse en sentido contrario, incluidos escritos radicados en julio de 2025 o posteriores.
El Caso 07 investiga el reclutamiento y utilización de menores, incluidos niños y niñas menores de 15 años, así como los malos tratos, torturas y homicidios cometidos en su contra. También aborda las violencias reproductivas, las violencias sexuales documentadas y las agresiones basadas en prejuicio contra menores con orientaciones sexuales o identidades de género diversas.
La Sala de Reconocimiento documentó que estos hechos ocurrieron a gran magnitud y escala entre 1971 y 2016, y estableció un universo de 18.677 víctimas únicas tras el cruce de bases de datos oficiales y no oficiales. Según la JEP, pese a la dimensión de los crímenes, el Estado adelantó 387 investigaciones y produjo 45 sentencias contra integrantes de la antigua guerrilla, cinco de ellas absolutorias.
Aunque el reconocimiento es general, los firmantes manifestaron una “preocupación” frente a la diferenciación jurídica entre los patrones relacionados con violencia sexual y aquellos basados en prejuicio. Aclararon que no desconocen la ocurrencia de hechos de violencia sexual ni condicionan su admisión de responsabilidad, sino que buscan precisar los alcances de las calificaciones jurídicas.
Los exjefes —entre ellos Pastor Alape, Julián Gallo, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo, Rodrigo Granda y Jaime Alberto Parra— afirmaron que asumen de manera consciente su responsabilidad como máximos responsables en nombre del conjunto de la antigua organización guerrillera y solicitaron que el reconocimiento sea colectivo, conforme al artículo 80 de la Ley Estatutaria de la JEP.
En un comunicado, la JEP recordó que en este proceso participan más de 11.000 víctimas, de las cuales 2.000 están acreditadas de manera individual y más de 9.000 hacen parte de colectivos étnicos indígenas y afrocolombianos. Además, junto con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, se buscan 485 niños y niñas reclutados que no regresaron a sus hogares.
La magistrada relatora del caso, Lily Rueda, señaló que actualmente se estudian las observaciones presentadas por víctimas, el Ministerio Público y los comparecientes. De avanzar el proceso de manera satisfactoria, la Sala podrá convocar a una audiencia de reconocimiento y habilitar la imposición de sanciones restaurativas, al tratarse de crímenes no amnistiables que no contemplan perdón judicial, conforme a lo establecido en el Acuerdo de Paz.
