La decisión de la Sala de Instrucción se conocerá a pocos días de las elecciones parlamentarias de 2026, en medio del mayor escándalo de corrupción que enfrenta el Gobierno.
La Corte Suprema de Justicia tomará este miércoles una decisión clave dentro del proceso relacionado con el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en el que están involucrados varios congresistas y figuras políticas.
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La Sala de Instrucción deberá definir la situación jurídica de los senadores Juan Pablo Gallo y Liliana Bitar, así como de los representantes Julián Peinado, Karen Manrique y Wadith Manzur. La ponencia del magistrado Misael Rodríguez solicita que sean llamados a juicio con medida de captura, argumentando la gravedad de los delitos investigados y el riesgo de obstrucción a la justicia. La decisión había sido aplazada la semana anterior por la ausencia de dos magistrados.
El pronunciamiento se dará a menos de una semana de las elecciones parlamentarias de 2026, lo que podría impactar el panorama político de varios sectores.
El caso UNGRD se convirtió en el escándalo de corrupción más fuerte del actual gobierno, tras revelaciones de la Fiscalía General de la Nación sobre presuntos contratos irregulares y desvío de recursos destinados a la atención de desastres naturales. Las investigaciones apuntan a adjudicaciones de alto monto relacionadas con alquiler de carrotanques, plantas desalinizadoras, pozos y obras de mitigación, que habrían sido direccionadas a cambio de sobornos.
Dentro de las indagaciones también han sido vinculados exministros como Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, imputados por delitos como concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho. Además, la Fiscalía anunció que está próxima a formular imputación contra Jaime Ramírez Cobo, exenlace legislativo de la Presidencia.
El proceso judicial también avanza en el Consejo de Estado, que decretó pruebas y citó a audiencia pública dentro de la demanda de pérdida de investidura contra nueve congresistas presuntamente salpicados por el caso. La acción busca determinar si existieron tráfico de influencias, conflictos de interés o violaciones al régimen de inhabilidades.
Entre las pruebas solicitadas están copias de investigaciones penales, testimonios de exdirectivos de la UNGRD como Olmedo López y Sneyder Pinilla, y declaraciones de exfuncionarios del Gobierno. Parte de las audiencias se realizará los días 9, 10 y 11 de marzo.
Mientras avanzan las decisiones judiciales, el caso continúa ampliando el alcance de las responsabilidades políticas y penales en uno de los procesos más sensibles del escenario institucional actual.
Fuente informativa: FM Radio
