El general retirado Mario Montoya Uribe, excomandante del Ejército Nacional de Colombia, ha sido declarado no elegible para ingresar a Estados Unidos junto con su familia, según anunció el secretario de Estado, Antony Blinken. La medida se debe a su presunta participación en graves violaciones de derechos humanos durante su mandato, en particular las ejecuciones extrajudiciales conocidas como “falsos positivos”.
¿Por qué Estados Unidos tomó esta decisión?
A través de un comunicado oficial, Blinken explicó que existen pruebas creíbles que vinculan al general Montoya con la orden y promoción de tácticas que resultaron en la ejecución de civiles, posteriormente presentados como guerrilleros muertos en combate. Este esquema, ampliamente documentado, tuvo lugar en el contexto del conflicto armado colombiano y ha sido calificado como crímenes de lesa humanidad por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
“Designamos al exgeneral colombiano Mario Montoya Uribe debido a su participación en graves violaciones de los derechos humanos”, afirmó Blinken. “Como resultado de esta acción, Montoya y sus familiares directos no son elegibles para ingresar a los Estados Unidos”.
La decisión también refuerza el respaldo de Estados Unidos a los esfuerzos de justicia transicional en Colombia, como los liderados por la JEP, y subraya la importancia de combatir la impunidad.
Los falsos positivos: una mancha en la historia militar colombiana
La JEP imputó formalmente en agosto de 2023 a Mario Montoya por crímenes de guerra y lesa humanidad, atribuyéndole la responsabilidad de al menos 130 ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el oriente antioqueño mientras dirigía la Cuarta Brigada del Ejército.
Según testimonios y documentos recopilados, Montoya presionaba a sus subalternos para que mostraran resultados operacionales en forma de bajas enemigas, estableciendo un sistema de recompensas que fomentaba el uso indiscriminado de la fuerza letal.
Lenguaje violento y exigencias de resultados
La investigación reveló que Montoya utilizaba un lenguaje violento y deshumanizador en sus órdenes, refiriéndose a los reportes de bajas como “litros”, “chorros” o “barriles de sangre”. Este énfasis en las bajas como indicador de éxito militar desalentó otras acciones como capturas o incautaciones, que eran consideradas insuficientes o indeseadas.
Testimonios de militares bajo su mando describen un ambiente de intimidación constante, en el que los soldados eran evaluados y comparados según su capacidad de reportar muertes en combate. Este sistema de presión contribuyó a la ejecución de civiles inocentes, que luego eran disfrazados como combatientes para cumplir con las metas impuestas.
Reacciones internacionales y apoyo al proceso de paz
La medida de Estados Unidos contra Montoya refuerza su compromiso con el Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el gobierno colombiano y las FARC. En el comunicado, Blinken recordó que su país apoya la implementación de este acuerdo, que busca reparar a las víctimas del conflicto y garantizar una paz sostenible.
“Nos unimos al pueblo colombiano para conmemorar el octavo aniversario del Acuerdo de Paz este noviembre. Continuaremos apoyando una paz duradera que reconozca las necesidades de las víctimas y los sobrevivientes”, señaló Blinken.
Además, el secretario de Estado destacó la labor de la JEP, que desempeña un papel clave en la justicia transicional. Según Blinken, el trabajo de la JEP es esencial para abordar los crímenes del conflicto armado y garantizar que no queden impunes.
El legado de Montoya y el desafío de la justicia
El caso de Mario Montoya ejemplifica los retos pendientes en Colombia para enfrentar los crímenes del pasado. La decisión de Estados Unidos no solo tiene implicaciones para Montoya, sino que también envía un mensaje claro de rechazo a la impunidad y a las violaciones de derechos humanos.
En Colombia, el avance de las investigaciones en la JEP y la implementación efectiva de las sanciones para responsables de crímenes de guerra son pasos cruciales hacia la reconciliación y el fortalecimiento del estado de derecho.
Sin embargo, la pregunta persiste: ¿podrá Colombia garantizar justicia para las víctimas y cerrar las heridas abiertas por décadas de conflicto?
