La fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, anunció que el Gobierno, bajo la administración de Donald Trump, ha elevado a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca al arresto del presidente venezolano Nicolás Maduro, duplicando así los 25 millones ofrecidos en enero pasado.
En un mensaje publicado en sus redes sociales, Bondi calificó esta recompensa como “histórica” y señaló a Maduro como “uno de los mayores narcotraficantes del mundo y una amenaza para la seguridad nacional”. Aseguró que el mandatario ha utilizado redes terroristas como el Tren de Aragua, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de los Soles para introducir “drogas letales y violencia” en territorio estadounidense.
La DEA ha incautado 30 toneladas de cocaína vinculadas a Maduro y sus allegados, de las cuales casi 7 toneladas provendrían directamente del líder venezolano. Además, el Departamento de Justicia reportó que se han confiscado más de 700 millones de dólares en activos asociados a Maduro, incluyendo aviones privados y vehículos de lujo.
Desde Caracas, el régimen reaccionó con dureza. El canciller Yván Gil calificó la acción como una “burda operación de propaganda política” y acusó a EE.UU. de montar un “circo mediático” para beneficiar a la oposición venezolana.
Esta medida se suma a la estrategia de presión internacional que incluye sanciones económicas, congelamiento de activos y la no legitimación del tercer mandato de Maduro tras las elecciones de julio de 2024, calificadas por varios actores como fraudulentas.
