El exsenador Juan Pablo Gallo enfrenta uno de los momentos más críticos de su carrera política tras la radicación de un recurso ante el Consejo de Estado que busca decretar la pérdida de su investidura. La demanda, interpuesta por el abogado Juan Carlos Calderón España (presidente de la Veeduría Nacional Control Social y Efectivo), señala a Gallo y otros 5 congresistas como presuntos responsables de instrumentar su investidura parlamentaria para obtener beneficios indebidos dentro del entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
El esquema de presunta corrupción que salpica a Juan Pablo Gallo
La acción judicial sostiene que durante su paso por la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP) en 2023, Juan Pablo Gallo habría participado en un esquema de intercambio de favores políticos y contractuales. Según la demanda, se habrían condicionado los conceptos favorables para las operaciones de endeudamiento y crédito de la Nación solicitadas por el Ministerio de Hacienda, a cambio de la adjudicación de contratos e iniciativas de la UNGRD en regiones como Córdoba, Bolívar y Arauca.
Este proceso ante la justicia administrativa se suma a las actuaciones de la Corte Suprema de Justicia, corporación que formalizó investigación penal contra Gallo y lo citó a indagatoria por el presunto delito de cohecho impropio. El libelo acusatorio incluye los testimonios de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la UNGRD, quienes detallaron la existencia de acuerdos contractuales a cambio del respaldo legislativo a las reformas impulsadas por el Gobierno nacional.
Muerte política: Un proceso sancionatorio e independiente
El recurso interpuesto por la veeduría busca que el Consejo de Estado aplique la máxima sanción constitucional a los excongresistas por incurrir en presunto conflicto de interés, tráfico de influencias y violación al régimen de incompatibilidades.
El demandante Calderón España —quien recientemente logró en primera instancia la desvinculación definitiva del expresidente del Congreso, Iván Name, por hechos vinculados a la misma entidad— enfatizó que la pérdida de investidura es un proceso autónomo. Por lo tanto, el Consejo de Estado no requiere esperar una sentencia condicional de la Corte Suprema para fallar e inhabilitar de forma permanente a los implicados del ejercicio de cargos públicos.
En el mismo expediente y bajo las mismas acusaciones, la demanda salpica a otros cinco exintegrantes de la célula legislativa: Wadith Manzur, Karen Manrique, Liliana Bitar, Julián Peinado y Juan Diego Muñoz.
