Una denuncia de extrema gravedad sacude al alto Gobierno. El ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga Franco, hizo pública la existencia de pruebas técnicas que demostrarían que su teléfono celular fue interceptado de manera ilegal mediante un software de espionaje de alto nivel, en un hecho que, según la información revelada, habría sido ordenado desde estructuras del propio Gobierno del que forma parte.
La información fue revelada inicialmente por el periodista Daniel Coronell, quien expuso los hallazgos de un análisis forense especializado que confirmaría la intervención no autorizada a las comunicaciones del funcionario.
De acuerdo con la investigación forense adelantada por una empresa internacional especializada, el teléfono celular de Idárraga fue infectado con el programa espía Pegasus, una herramienta de vigilancia digital utilizada para acceder de forma remota a dispositivos móviles.
Los peritos lograron establecer con precisión el momento en el que se produjo la intrusión: el viernes 1 de noviembre de 2025, a las 2:32 p. m., cuando el sistema del iPhone fue alterado y, segundos después, se instaló una librería maliciosa que permitió el acceso no autorizado a su contenido.
El análisis concluye que al menos 2.3 gigabytes de información fueron extraídos del dispositivo, incluyendo mensajes de texto y comunicaciones privadas. Uno de los aspectos más sensibles del informe técnico señala que el micrófono del teléfono fue activado de manera remota en 134 oportunidades, lo que habría permitido escuchar y grabar conversaciones y reuniones del alto funcionario en tiempo real.
Aunque existen indicios de que la cámara del dispositivo pudo haber sido activada, los expertos no tienen certeza plena sobre el uso de video. En contraste, el acceso al audio fue confirmado sin ambigüedades. Además, el sistema espía permitió la visualización de más de 8.000 mensajes de texto almacenados en el teléfono.
La denuncia revive los fantasmas de los seguimientos ilegales que marcaron episodios oscuros de la historia reciente del país y plantea serios interrogantes sobre el uso de herramientas de espionaje contra altos funcionarios del Estado, así como sobre las responsabilidades institucionales detrás de estos hechos.
