Las autoridades penitenciarias abrieron una investigación tras la polémica generada por la presencia del cantante Nelson Velásquez en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, donde interpretó varios de sus éxitos en lo que ha sido señalado como una parranda vallenata al interior del centro de reclusión.
El caso salió a la luz pública luego de la denuncia de la concejala de Medellín Claudia Carrasquilla, quien alertó sobre la realización del evento en el patio donde permanecen recluidos cabecillas de estructuras criminales vinculadas a procesos de paz urbana. Las imágenes difundidas evidenciaron la presencia del artista y la realización del espectáculo dentro del penal.
Ante la controversia, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario aseguró que la actividad no contaba con autorización del Gobierno Nacional, el Ministerio de Justicia ni de la dirección general de la entidad. En respuesta inmediata, ordenó la apertura de una investigación disciplinaria contra siete funcionarios que se encontraban de servicio durante la visita.
Además, el instituto anunció el relevo del director encargado del establecimiento y el traslado del comandante de vigilancia, así como la intervención de grupos especiales en el pabellón de alta seguridad. Las medidas buscan establecer cómo se permitió el ingreso del artista y la realización del evento en un espacio restringido.
De acuerdo con las denuncias, la parranda habría sido financiada por los propios reclusos, quienes habrían reunido recursos para costear el espectáculo, cuyo valor se estima en varios cientos de millones de pesos. También se señaló que durante la actividad habrían participado líderes de estructuras delincuenciales recluidos en el lugar.
El episodio ha reavivado el debate sobre los beneficios y condiciones de reclusión de estos internos, especialmente aquellos vinculados a mesas de diálogo con el Gobierno Nacional. Versiones conocidas indican que algunos de ellos contarían con condiciones especiales de visitas y permanencia dentro del centro penitenciario.
Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades buscan determinar si hubo fallas en los controles internos o posibles responsabilidades disciplinarias y penales. El caso vuelve a poner bajo escrutinio el manejo de los centros de reclusión y las condiciones en las que permanecen internos considerados de alta peligrosidad.
