En el contexto de las protestas sociales de 2019 en Bogotá, uno de los episodios más comentados fue el protagonizado por Epa Colombia, influenciadora y empresaria que, en un acto de vandalismo, causó destrozos a una estación de TransMilenio en la Troncal Caracas del sur. Las imágenes de los daños se viralizaron rápidamente, convirtiéndose en símbolo del descontento, pero también del límite entre protesta y delito.
Años después, las consecuencias legales alcanzaron un nuevo nivel. Se conoció que Epa Colombia fue obligada a pagar una millonaria indemnización por los perjuicios causados al sistema de transporte masivo. El proceso, que tomó tiempo en definirse judicialmente, concluyó con una fuerte sanción económica que refuerza el principio de responsabilidad civil frente a los bienes públicos.
Más de 500 millones de pesos por daños estructurales
Según reportes de medios nacionales, la suma pagada por Daneidy Barrera —nombre de pila de Epa Colombia— superó los 500 millones de pesos colombianos, valor que corresponde a la reparación total de los daños ocasionados en una de las estaciones más transitadas del sur de la ciudad.
El monto cubre no solo los elementos físicos destruidos, sino también los costos indirectos por interrupción del servicio y afectación a los usuarios. Esta cifra se convierte en una de las más altas impuestas por daños a infraestructuras públicas durante manifestaciones sociales en Colombia.
Este hecho marca un precedente importante para casos similares, ya que envía un mensaje contundente sobre las consecuencias legales y económicas de dañar bienes del Estado, sin importar el contexto o la figura pública de quien lo cometa.
