Un preocupante hecho de violencia se registró recientemente en el municipio de La Virginia, departamento de Risaralda, cuando una enfermera jefe fue agredida físicamente a pocos metros del hospital San Pedro y San Pablo, donde trabaja. El caso fue dado a conocer por W Radio, medio que también señaló que el ataque ocurrió mientras la profesional se dirigía a cumplir su jornada laboral.

Las autoridades locales ya adelantan investigaciones para esclarecer las circunstancias de la agresión, mientras la comunidad médica expresa su preocupación ante lo que consideran una escalada de violencia contra los trabajadores de la salud en la región. Este incidente pone en evidencia la fragilidad de las condiciones de seguridad hospitalaria en contextos donde el personal de salud debería gozar de garantías para ejercer su labor sin temor.

Funcionarios del hospital también han sido blanco de ataques verbales

De acuerdo con el reporte de W Radio, el caso de esta enfermera no es aislado. Otros funcionarios del hospital San Pedro y San Pablo habrían sido víctimas de agresiones verbales a través de redes sociales, lo que evidencia un ambiente hostil que va en aumento. Esta situación está generando un clima de inseguridad en la institución médica y ha provocado llamados de atención a las autoridades departamentales y municipales.

El fenómeno se enmarca en una problemática más amplia. En distintas regiones del país se han documentado casos de agresiones a médicos y personal sanitario, especialmente desde el inicio de la pandemia. La violencia verbal, psicológica y física se ha vuelto una amenaza silenciosa que deteriora la salud mental de los trabajadores y la calidad del servicio que prestan.

Hospital y comunidad exigen respuestas claras y acciones inmediatas

La administración del hospital San Pedro y San Pablo condenó enérgicamente lo ocurrido y solicitó a las autoridades reforzar la vigilancia en los alrededores del centro de salud. También pidió el acompañamiento institucional para proteger a sus trabajadores y garantizar condiciones dignas de trabajo. La Policía del departamento de Risaralda, por su parte, anunció que ya se adelantan pesquisas para determinar quiénes estarían detrás del ataque.

En paralelo, varios líderes comunitarios se han pronunciado en redes sociales, exigiendo respeto por el trabajo del personal médico y rechazando los actos de violencia que ponen en riesgo la vida de quienes prestan servicios esenciales. El caso podría llegar al Ministerio de Salud, donde se analiza emitir un pronunciamiento ante la gravedad de lo ocurrido.

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