El día 8 de enero de 2026, publiqué a través de las redes sociales de El Expreso un reportaje titulado «Roban $374 millones a la alcaldía de Santa Rosa de Cabal con falsificación de firmas y los funcionarios mudos». Mediante sentencia del 27 de enero de 2026, la jueza Carolina Mafla del Juzgado Segundo Civil Municipal de Santa Rosa de Cabal ordenó la rectificación de dicha publicación. En cumplimiento de esa orden judicial, y en ejercicio responsable de la libertad de prensa, procedo a precisar lo siguiente:
En la publicación del 8 de enero de 2026, faltó esta información relevante que, en aras de la veracidad y la completitud informativa, se incluye. A continuación se precisa:
1. La administración municipal, una vez advirtió la irregularidad en el levantamiento del embargo, adelantó acciones tendientes al restablecimiento del derecho. El municipio envió un derecho de petición a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos el 2 de abril de 2025, solicitando copia del documento que sustentó la cancelación de la medida cautelar.
2. El 26 de mayo de 2025, por solicitud de la tesorera municipal, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos canceló el registro fraudulento y reinscribió la medida cautelar de embargo sobre el inmueble. Esto significa que, para la fecha de la publicación (8 de enero de 2026), el embargo ya se encontraba nuevamente vigente.
3. El 9 de junio de 2025, el municipio radicó denuncia penal por el delito de falsedad en documento público ante la Fiscalía General de la Nación.
En consecuencia, la expresión utilizada en la publicación según la cual los funcionarios permanecieron “mudos” frente a la situación no reflejaba de manera completa las actuaciones que ya se habían adelantado para la fecha de la publicación.
Los funcionarios mencionados en la publicación original Paulo César Gómez Hoyos, Alejandra María Chica Naranjo, Frank Alejandro Valencia Granados, Adrián Mauricio Cardozo y Gustavo Andrés Ospina Agudelo no permanecieron inactivos frente a la falsificación del documento con el que se levantó el embargo sobre el predio del Barrio Mirador de La Villa, y que la administración municipal formuló denuncia penal y logró la reinscripción de la medida cautelar antes de la publicación referida. En cumplimiento de lo ordenado por el despacho judicial, se ofrece disculpas a los funcionarios mencionados por la afectación que dicha expresión pudo haber generado.
Esta rectificación se realiza en cumplimiento de una orden judicial actualmente impugnada ante el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, en dicha instancia se resolverá en definitiva el debate jurídico planteado.
Continuaré ejerciendo la libertad de prensa, y seguiré informando sobre los asuntos de interés público de la región.
