La madrugada del 8 de septiembre, un confuso episodio en el río Patía, Nariño, dejó en tensión a la comunidad de Mosquera. Una embarcación de la Alcaldía municipal, en la que viajaba la alcaldesa Karen Pineda junto a su equipo, recibió disparos de la Armada Nacional, con un saldo trágico: la muerte del asesor Luis Fernando Sánchez Caicedo y un escolta herido. Desde entonces, tanto la Armada como la Alcaldía han ofrecido relatos opuestos sobre lo ocurrido, aumentando la incertidumbre en torno a este hecho que hoy es materia de investigación.
La versión de la Armada Nacional
El almirante Camilo Mauricio Gutiérrez, comandante de la Fuerza Naval del Pacífico, explicó que la reacción de sus unidades no puede catalogarse aún como un error. Según su relato, la embarcación de la Alcaldía se desplazaba a alta velocidad, sin luces y en dirección de colisión con una unidad de Infantería de Marina. Ante esta situación, los uniformados habrían realizado llamados a viva voz y disparos de advertencia antes de accionar sus armas.
“Hasta ese momento no teníamos conocimiento de que allí viajaba la alcaldesa”, afirmó el oficial en declaraciones a Blu Radio, insistiendo en que todo se dio en medio de un hecho fortuito y confuso. La Armada defiende que se trató de una acción preventiva motivada por la seguridad de la zona, donde operan grupos armados ilegales y el narcotráfico sigue siendo una amenaza constante.
La postura de la Alcaldía de Mosquera
En contraste, la Alcaldía de Mosquera rechazó tajantemente esta versión. A través de un comunicado oficial, aseguró que la comitiva fue sorprendida por una reacción desproporcionada, sin que mediara advertencia previa. El ataque, señalan, puso en riesgo no solo a los funcionarios sino también a la mandataria local, cuya vida habría corrido peligro en el incidente.
El documento subraya que la salida en la madrugada obedeció a las dinámicas propias de la marea del Pacífico, la cual alcanzaba su punto más alto a las 3:51 a. m. Ese horario, sostienen, no puede interpretarse como sospechoso, sino como parte de la logística habitual de movilidad en esta región costera.
Reacciones políticas y sociales
El hecho provocó una ola de reacciones en la esfera política. El presidente Gustavo Petro lamentó la muerte de Sánchez Caicedo en un mensaje publicado en X (antes Twitter), en el que reconoció que hubo un incumplimiento de protocolos de seguridad por parte de la Armada. Aunque sus palabras buscan dar claridad, también reabren el debate sobre los procedimientos militares en zonas con alta presencia civil.
La Defensoría del Pueblo solicitó abrir una investigación exhaustiva para esclarecer responsabilidades y evitar que hechos similares se repitan. Por su parte, organizaciones sociales y líderes locales han reclamado mayor coordinación entre la Fuerza Pública y las autoridades municipales, subrayando que la población de Nariño vive entre el asedio de grupos armados ilegales y la necesidad de confiar en las instituciones estatales.
¿Error de protocolo o exceso de fuerza?
La pregunta sobre si se trató de un error de identificación o un uso excesivo de la fuerza permanece abierta. Mientras la Armada sostiene que actuó siguiendo los protocolos de seguridad vigentes, la Alcaldía insiste en que no hubo advertencia alguna. Este choque de versiones refleja un problema de fondo: la compleja relación entre la seguridad militar y la vida cotidiana de las comunidades costeras del Pacífico.
Expertos en seguridad han señalado que la falta de canales de comunicación efectivos entre las instituciones podría haber sido determinante. De confirmarse un incumplimiento en los protocolos, se abriría un precedente delicado para la actuación de las Fuerzas Armadas en contextos civiles. En cambio, si se valida la versión militar, quedaría en evidencia el nivel de riesgo que enfrentan los uniformados en una zona marcada por la violencia y el tráfico ilícito.
¿Qué sigue para Mosquera y la investigación?
El caso está bajo indagación disciplinaria y tanto la Armada como la Alcaldía han reiterado su disposición a colaborar con las autoridades judiciales. Sin embargo, la confianza de la ciudadanía se encuentra golpeada. El recuerdo de una madrugada en la que un trayecto rutinario se convirtió en tragedia plantea un interrogante mayor: ¿cómo garantizar la seguridad de los líderes locales sin exponerlos a los mismos riesgos que enfrentan los actores armados en la región?
La respuesta no es sencilla. Lo que está claro es que este episodio deja una herida abierta en Mosquera y obliga a repensar los mecanismos de coordinación entre Fuerza Pública y autoridades civiles. ¿Será posible reconstruir la confianza en medio de un escenario donde los errores pueden costar vidas?
