El Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha anunciado un nuevo paro armado en el Chocó a partir de las 00:00 horas del jueves 25 de julio de 2025. La advertencia fue emitida por el Frente de Guerra Occidental Omar Gómez, una de las estructuras más activas del grupo guerrillero ELN en la región, que mediante un comunicado público declaró que este paro es una respuesta directa a lo que denominan una “alianza entre paramilitares y miembros de la fuerza pública”.
En el mensaje, el ELN exigió a la población civil abstenerse de movilizarse tanto por vías terrestres como fluviales. También advirtió que habrá represalias contra quienes desobedezcan la medida. “El control territorial es nuestro y lo ejerceremos con firmeza”, afirma el documento divulgado a través de canales no oficiales. Este nuevo bloqueo amenaza con paralizar las actividades económicas y sociales en uno de los departamentos más afectados por el conflicto armado en Colombia.
Supuesto complot con participación de la fuerza pública
El comunicado del ELN acusa directamente a la fuerza pública de colaborar con grupos paramilitares para atacar a la población civil en el departamento. Según la guerrilla, esta supuesta alianza ha incrementado el número de operaciones conjuntas que vulneran los derechos humanos en la región. Aunque no se han presentado pruebas formales, el lenguaje del texto apunta a un intento de legitimar la violencia como mecanismo de “resistencia” frente al avance militar y paramilitar.
En respuesta a estos señalamientos, fuentes militares no oficiales han indicado que las operaciones en la zona buscan precisamente combatir la presencia de actores armados ilegales y proteger a las comunidades afrodescendientes e indígenas. Sin embargo, organizaciones sociales del Chocó han denunciado repetidamente que la población civil queda atrapada en medio de los enfrentamientos, con consecuencias devastadoras como desplazamientos forzados, confinamientos y restricciones al acceso a alimentos y medicinas.
Este tipo de denuncias no son nuevas. Tanto organismos de derechos humanos como la Defensoría del Pueblo han alertado sobre la crítica situación humanitaria en territorios donde operan simultáneamente guerrillas, paramilitares y bandas criminales.
¿Qué significa este paro armado para la población civil?
El nuevo paro armado impuesto por el ELN en el Chocó tiene efectos inmediatos sobre la vida diaria de miles de personas. El grupo prohibió explícitamente cualquier tipo de movilidad por ríos o carreteras, lo que en un territorio con limitada infraestructura vial equivale a un aislamiento forzado. Esta medida impacta directamente el abastecimiento de alimentos, la atención médica y la actividad económica local, basada en gran medida en el comercio y transporte fluvial.
El temor entre la ciudadanía es palpable. La experiencia de paros armados anteriores ha demostrado que estas órdenes se acompañan de amenazas, panfletos intimidatorios e incluso atentados contra quienes las ignoran. La población, especialmente en zonas rurales, suele optar por el confinamiento como medida de protección. Esto agrava el ya precario acceso a servicios básicos y genera un clima de zozobra constante.
En este contexto, se suma el escepticismo sobre el papel del Estado, que no siempre logra garantizar seguridad ni justicia. Las reiteradas denuncias de presuntos vínculos entre agentes estatales y estructuras ilegales solo profundizan la desconfianza ciudadana, mientras los grupos armados continúan aprovechando el vacío institucional para afianzar su control territorial.
¿Qué acciones están tomando las autoridades?
Hasta el momento, no se ha emitido un pronunciamiento oficial del gobierno nacional ni del Ministerio de Defensa sobre el reciente anuncio del ELN. Sin embargo, expertos en seguridad coinciden en que la respuesta del Estado será clave para contener la crisis. Algunas voces del sector académico y de derechos humanos han insistido en la necesidad de una estrategia integral que combine presencia militar con inversión social sostenida, especialmente en territorios históricamente olvidados como el Chocó.
El silencio institucional contrasta con la urgencia del problema. El ELN no solo mantiene presencia en varios departamentos, sino que ha demostrado capacidad para ejecutar acciones coordinadas que paralizan regiones enteras. La falta de una política clara frente al avance guerrillero podría interpretarse como un signo de debilidad o indiferencia, lo cual genera aún más incertidumbre.
La situación también representa un desafío para el proceso de paz en curso. Cualquier intento de diálogo con el ELN deberá considerar estas dinámicas locales, donde el grupo se presenta no solo como actor armado sino como una fuerza con legitimidad territorial de facto. La comunidad internacional, en especial los países garantes del proceso de paz, también observarán con atención el desarrollo de esta crisis.
