El Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció que someterá a los cuatro funcionarios del CTI de la Fiscalía y de la Policía Nacional que mantiene secuestrados a un llamado “juicio revolucionario”. Según un comunicado difundido por el Frente de Guerra Oriental, los cautivos podrían enfrentar penas de entre tres y siete años de “prisión” bajo las normas del llamado Código de Guerra del grupo insurgente.
El anuncio llega en medio de la indignación nacional y el repudio de organismos internacionales, que califican este acto como una flagrante violación al Derecho Internacional Humanitario. Los funcionarios, secuestrados entre mayo y julio de 2025, permanecen en poder del grupo armado mientras avanzan las negociaciones de paz con el Gobierno.
Los secuestros y las supuestas razones del ELN
De acuerdo con el comunicado, los funcionarios Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, del CTI de la Fiscalía, fueron secuestrados el 8 de mayo en Fortul (Arauca). Por su parte, el patrullero Yordin Fabián Pérez Mendoza y el subintendente Franklin Sley Hoyos Murcia, de la Dirección de Investigación Criminal (DIJIN), fueron capturados el 20 de julio en la vía que conecta Tame y Arauca.
El ELN aseguró que el “juicio” se da como respuesta a lo que consideran “lentitud del Gobierno Nacional” en la concreción de acuerdos humanitarios para la liberación de los cautivos. En su versión, el grupo armado señala que los uniformados serán juzgados bajo los parámetros de su propia normativa interna, que, según ellos, busca “preservar la vida” de los retenidos y otorgarles el “derecho a la comunicación familiar”.
No obstante, esta práctica carece de cualquier legitimidad jurídica. Ningún grupo armado tiene la facultad para imponer sanciones, y su anuncio es considerado por expertos como una violación grave a los convenios internacionales sobre conflictos armados.
Rechazo institucional y llamado a la liberación inmediata
La Fiscalía General de la Nación condenó de manera enérgica la decisión del grupo guerrillero, calificándola como “un acto ilegal y violatorio del Derecho Internacional Humanitario”. En un comunicado, la entidad exigió la liberación inmediata de los cuatro agentes y rechazó que su libertad se condicione a un canje o negociación política.
“La Fiscalía rechaza la exigencia del ELN de condicionar la libertad de los funcionarios a un intercambio de prisioneros”, se lee en el documento oficial. Además, el ente investigador agradeció el acompañamiento de la Misión de Verificación de la ONU, la OEA, la Cruz Roja Internacional, la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo, que continúan mediando para lograr su liberación.
El pronunciamiento institucional también destacó las movilizaciones promovidas por las organizaciones sindicales de la Rama Judicial, que han exigido respeto por la vida de los funcionarios y la pronta resolución del caso.
Tensión en las negociaciones con el Gobierno Nacional
Este nuevo episodio se produce en un momento crítico del proceso de paz entre el Gobierno de Gustavo Petro y el ELN. La decisión de instaurar un supuesto “juicio” podría tensar aún más las conversaciones que buscan establecer acuerdos humanitarios para reducir la violencia en las regiones más afectadas por el conflicto.
Analistas consideran que el anuncio del grupo insurgente pone en riesgo la confianza construida en la mesa de diálogo y podría ser interpretado como una muestra de poder frente a las instituciones del Estado. Mientras tanto, los familiares de los secuestrados han reiterado su desesperación y piden al Gobierno que no abandone los esfuerzos por lograr su regreso.
En videos divulgados por el grupo armado, los cuatro agentes aparecen con vida, enviando mensajes a sus familias y pidiendo que se agilicen las gestiones para su liberación. “Seguimos en disposición de acuerdos humanitarios”, dijo un portavoz del ELN, insistiendo en su interés de mantener canales de comunicación abiertos.
¿Qué implica un “juicio revolucionario”?
El término “juicio revolucionario” hace parte de la narrativa del ELN, que asegura aplicar su propio sistema de justicia en zonas bajo su control. Sin embargo, el Derecho Internacional Humanitario prohíbe expresamente este tipo de procedimientos ilegítimos contra personas privadas de la libertad durante conflictos armados.
De acuerdo con especialistas en derechos humanos, estas acciones podrían constituir crímenes de guerra. “El ELN está incurriendo en un acto ilegal que vulnera los derechos fundamentales de los secuestrados y contradice el espíritu de los diálogos de paz”, señalaron fuentes de la comunidad jurídica consultadas.
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha reiterado que los grupos armados deben liberar sin condiciones a todas las personas retenidas, recordando que el secuestro es una práctica prohibida en el marco de los conflictos internos.
Esperanza y presión internacional
La comunidad internacional ha intensificado su presión sobre el ELN para que libere a los agentes y se comprometa con los principios básicos del humanitarismo. Voceros de la ONU y de la OEA han manifestado preocupación por el rumbo que están tomando las acciones del grupo insurgente.
Mientras tanto, desde el Ejecutivo se analiza una respuesta diplomática que refuerce los esfuerzos por la paz, pero con límites claros frente a la violación de los derechos humanos. La sociedad civil también ha comenzado a organizar jornadas simbólicas en respaldo a las familias de los secuestrados, que hoy viven en la incertidumbre y el miedo.
