En un giro que parece contradictorio con la reciente reanudación de los diálogos de paz entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el gobierno de Gustavo Petro, este grupo armado ha lanzado una advertencia que causa alarma en la región del Chocó: un bloqueo armado que afectaría a comerciantes, transportadores y comunidades locales. La Defensoría del Pueblo y representantes de la Iglesia católica en el territorio han rechazado la medida, subrayando su incoherencia con el espíritu de paz que se busca en las negociaciones y su impacto devastador para una población ya golpeada por la violencia y el abandono estatal.
Esta amenaza de paro armado, prevista para iniciar el 9 de noviembre, no solo interrumpiría la movilidad en áreas clave de la región —particularmente en las cuencas de los ríos San Juan, Sipí y Cajón—, sino que también agrava las tensiones en el Chocó, donde el ELN y el Clan del Golfo mantienen enfrentamientos que exacerban las dificultades de los habitantes.
La Defensoría del Pueblo advierte sobre la vulneración de derechos fundamentales
La Defensoría del Pueblo ha sido enfática en su llamado al ELN para que revoque esta decisión de paro armado en el Chocó. Mediante un comunicado, el organismo expresó su preocupación por las implicaciones que este acto tendría para los derechos fundamentales de los pobladores. “El hecho no solo vulnerará su libre locomoción, sino que pondrá en riesgo su derecho a la salud y la vida”, enfatizó el organismo. El bloqueo armado afectaría el acceso a servicios esenciales como la atención médica, el abastecimiento de alimentos y la posibilidad de trabajar para los habitantes de la zona.
El defensor del Pueblo también destacó la contradicción que supone un bloqueo armado mientras el ELN se sienta a dialogar por la paz. La entidad cuestionó directamente al grupo insurgente: “¿Cuál es la coherencia entre estos actos y la búsqueda de la paz y el carácter político que pregona el ELN?”. Este llamado a la reflexión busca exponer la incongruencia entre el discurso y las acciones del grupo guerrillero, que sigue afectando la vida de miles de personas con este tipo de presiones.
Las poblaciones del Chocó, entre las que se encuentran numerosas comunidades afrocolombianas e indígenas, históricamente han sido marginadas en términos de acceso a infraestructura y servicios básicos. Los bloqueos armados y las amenazas de confinamiento no solo las privan de sus derechos fundamentales, sino que también incrementan su aislamiento. En estas zonas, el control de actores armados ha sido constante y las fuerzas del Estado no han logrado garantizar una presencia que proteja a la población civil, lo cual intensifica el temor ante una situación que parece no tener fin.
La Iglesia católica condena la amenaza de paro armado
La Iglesia católica, que tiene una presencia importante en el Chocó, también se ha manifestado en rechazo a la medida del ELN. Monseñor Mario Álvarez, obispo de Quibdó, Itsmina y Tadó, se pronunció desde La FM, calificando de contradictorio que el ELN esté amenazando a las comunidades al mismo tiempo que mantiene conversaciones de paz con el gobierno en Caracas. Monseñor Álvarez subrayó que esta amenaza de bloqueo afecta nuevamente a las comunidades que han sufrido repetidos desplazamientos y situaciones de confinamiento forzado, por lo que pidió a la guerrilla respetar los derechos de los habitantes del Chocó y abstenerse de violar las normas del Derecho Internacional Humanitario.
El obispo señaló además que los enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo agravan la crisis de seguridad. Según afirmó, el ELN acusa al Ejército Nacional de proteger a este grupo paramilitar, lo cual ha sido su argumento para declarar el paro armado. Esta disputa entre facciones armadas por el control del territorio no solo genera violencia, sino que afecta directamente a la población civil, que queda atrapada en medio del conflicto.
El impacto de esta amenaza ya se ha hecho sentir entre las actividades programadas en la región. El obispo mencionó que varios diáconos que debían asistir a un encuentro pastoral en Itsmina la próxima semana han decidido no acudir por temor a las represalias de la guerrilla. Este tipo de actos refleja cómo el conflicto armado sigue limitando incluso las actividades religiosas y comunitarias en las zonas afectadas.
Las dificultades del gobierno de Petro para mantener la paz en medio del conflicto
El presidente Gustavo Petro ha hecho de la paz total una de sus principales promesas de gobierno, y ha buscado establecer conversaciones con distintos grupos armados, entre ellos el ELN. Sin embargo, el anuncio de este bloqueo armado en el Chocó evidencia las enormes dificultades que enfrenta su administración para mantener el control y la seguridad en territorios donde los grupos armados ejercen una influencia considerable.
El gobierno ha reiterado que el objetivo de los diálogos de paz es lograr una desmovilización de los grupos armados y una reintegración a la vida civil que garantice la estabilidad para los territorios afectados. Sin embargo, los hechos como los ocurridos en el Chocó plantean interrogantes sobre la disposición real del ELN para comprometerse con una paz duradera y poner fin a las hostilidades. Al ordenar confinamientos, bloqueos y paros armados, el ELN deja entrever una agenda que sigue priorizando el control territorial y las acciones violentas sobre la paz prometida en las mesas de negociación.
Para el gobierno de Petro, esta situación supone una prueba clave de su capacidad para avanzar en el camino hacia una paz real y efectiva. Los analistas destacan que, aunque las negociaciones son un primer paso, es fundamental que el Estado demuestre su capacidad para responder a las necesidades de seguridad de las comunidades afectadas y evitar que grupos como el ELN continúen imponiendo su voluntad a través de la intimidación.
¿Podrá el gobierno evitar la profundización de la crisis humanitaria en el Chocó?
A medida que se avecina la fecha anunciada para el inicio del bloqueo armado, la incertidumbre y el temor crecen entre los habitantes del Chocó. Para muchos, la pregunta es si el gobierno podrá ejercer suficiente presión sobre el ELN para evitar que esta amenaza se concrete, o si la población quedará nuevamente a merced de una guerrilla que, pese a los diálogos de paz, sigue empleando tácticas de guerra.
En última instancia, el conflicto en el Chocó refleja un reto mayor para Colombia en su búsqueda de paz: ¿es posible lograr un acuerdo sostenible y verdadero con grupos que todavía insisten en usar la violencia como herramienta de control? La respuesta a esta pregunta determinará no solo el futuro de los diálogos con el ELN, sino el destino de miles de personas en territorios que llevan décadas sufriendo los estragos de un conflicto aparentemente interminable.
