La Contraloría General de la República realizó el estudio sectorial ‘Eliminación de la extracción de carbón en Colombia, su impacto fiscal y la situación actual de otros minerales’ en el que se evidenció que los planes nacionales de desarrollo desde 2010 hasta 2022 promocionaron la extracción de carbón térmico con el fin de incrementar el recaudo de regalías y compensaciones, la Inversión Extranjera Directa (IED) y el Producto Interno Bruto (PIB), así como los impuestos nacionales y departamentales, no obstante, en el actual Gobierno ha desincentivado su explotación, colocándole más impuestos, prohibiendo su exportación e impactando las finanzas públicas.
Llama la atención de la Contraloría la disminución del 9,52 % del PIB Minero, pasando en 2023 de $12.179 millones de pesos constantes de 2015 a $11.020 millones en 2024; y que la Inversión Extranjera Directa cayera en un 60,80%, pasando de 3.442 millones de dólares en 2023 a 1.349 millones de dólares en 2024.
Además, en el mismo periodo de tiempo las exportaciones de minerales pasaron de 13.794 millones de dólares FOB a 7.060 millones de dólares FOB1, lo que corresponde a una disminución del 48,82 %.
Las regalías para el sector minero también tuvieron una reducción de 63,16 % pasando de $8,1 billones de pesos constantes de 2024 a $2,8 billones, donde la explotación de carbón tiene una participación muy alta en cada una de ellas.
Así mismo, el estudio demostró que el sector minero es muy importante para los ingresos de la Nación, dado que entre 2010 y 2024 la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) recaudó del sector minero $64,39 billones de pesos constantes de 2024, donde la industria de la extracción de carbón térmico aportó el 72,12 % ($46,43 billones), seguido de la industria de la extracción de oro y otros metales preciosos con un 9,15% ($5,89 billones), presentando una tendencia similar con el recaudo de regalías.
El estudio recomienda que, si el Gobierno Nacional va a realizar una transición energética, la haga de una forma gradual y planificada, donde se impulse la explotación de minerales estratégicos, particularmente el cobre, ya que gracias a su demanda a nivel mundial y la posición estrategia en la que se encuentra Colombia, podría llegar a superar los ingresos que se reciben hoy en día por la explotación de carbón térmico.
Preocupa a la Contraloría General de la República cómo la puntuación colombiana en el indicador de atractivo de inversión del instituto Fraser de Canadá, ha ido cuesta abajo a partir del 2020, pasando de 72,29 a 44,3 en 2024, evidenciando la pérdida de interés en el país para la inversión en la extracción de minerales, desplazando a grandes mineras hacia países con mejores oportunidades.
Con respecto al estado de otros minerales, Colombia cuenta con un potencial geológico en cobre, níquel, oro y esmeraldas, así como con indicios de grafito, tierras raras y coltán; no obstante, la mayoría de estos proyectos permanece en etapas tempranas y sin procesos de ronda minera. Dado que el desarrollo de proyectos de gran escala exige plazos prolongados para su consolidación, resulta necesario adoptar una estrategia integral que permita que estos minerales asuman de manera progresiva el papel económico y productivo que actualmente desempeña el carbón.
En el caso del cobre, la ubicación de Colombia dentro de Cinturón Andino del Cobre, la franja geológica masiva a lo largo de la cordillera de los Andes, refuerza la necesidad de profundizar en perforación, modelamiento de recursos y estudios metalúrgicos, con el fin de consolidar proyectos de gran escala que respalden una diversificación minera y económica sostenible en el largo plazo.
El estudio también recomienda que se establezca una coordinación entre las entidades del Gobierno Nacional y se haga uso de las herramientas disponibles, como las ofrecidas por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado que mediante Circular 05 de 2019 dictó los lineamientos sobre la prevención del daño antijurídico, ya que actualmente existen litigios internacionales que se pudieron haber evitado si las entidades gubernamentales hubieran consultado a la Agencia.
