El secuestro de un menor de edad en el corregimiento de Potrerito, municipio de Jamundí (Valle del Cauca), ha sacudido a la comunidad local y encendido las alarmas en las autoridades regionales. Se trata de un niño de 11 años que fue raptado por hombres armados junto a una trabajadora del hogar, durante la noche del sábado, según reportes oficiales.
El hecho ocurrió en una zona con presencia activa de la estructura Jaime Martínez, una facción de las disidencias de las Farc, y ha puesto en evidencia una vez más los desafíos que enfrenta el Estado colombiano en la protección de la infancia en regiones golpeadas por la violencia.
Autoridades señalan a disidencias de las Farc como responsables del secuestro
Carlos Germán Oviedo, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, confirmó que el niño habría sido trasladado a un sector rural conocido como Villa Colombia, una zona de difícil acceso y donde opera con fuerza la estructura Jaime Martínez. Esta facción armada, que se separó del acuerdo de paz firmado por las Farc en 2016, ha venido consolidando su poder en territorios del suroccidente colombiano.
Los operativos para dar con el paradero del menor iniciaron de inmediato, pero hasta el momento no se han obtenido resultados concretos. La hipótesis más fuerte apunta a un secuestro con fines de presión territorial o extorsivo, una práctica que se creía en retroceso pero que en zonas como Jamundí sigue siendo una amenaza constante.
La Gobernación del Valle del Cauca anunció una recompensa de hasta 200 millones de pesos para quien entregue información confiable que permita localizar al niño. También se habilitó una línea telefónica para reportes con reserva absoluta: 314 358 7212.
Gobernación del Valle y Defensoría del Pueblo condenan el hecho
La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, reaccionó de manera enérgica a lo sucedido. A través de su cuenta oficial en la red X (antes Twitter), expresó su rechazo al secuestro y apeló a la solidaridad de las instituciones nacionales e internacionales para lograr la pronta liberación del menor.
“Como gobernadora, madre y mujer, repudio con dolor el secuestro de un menor de 11 años en Jamundí. ¡Es una violación a los derechos humanos especialmente protegidos como son los niños!”, manifestó Toro. También hizo un llamado directo al Ministerio de Defensa, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y a la Defensoría del Pueblo para que se unan en una acción conjunta de rescate.
Asimismo, pidió la intervención de organismos humanitarios como la Cruz Roja Colombiana, la Iglesia y la Misión de la ONU en Colombia para mediar en la liberación del niño.
¿Es Potrerito un territorio olvidado por el Estado?
La personera de Jamundí, Martha Isabel Gutiérrez, ofreció una declaración contundente que pone en evidencia la desprotección estatal en el corregimiento de Potrerito. “Los niños y niñas son sujetos de especial situación de vulnerabilidad, que deben ser protegidos por el Estado. Privar de la libertad a un menor es uno de los hechos más reprochables y repudiables que se puede cometer”, afirmó.
Potrerito, ubicado en zona montañosa y de difícil acceso, ha sido históricamente un territorio disputado por grupos armados ilegales. A pesar de los esfuerzos por llevar inversión social y presencia institucional, las condiciones de seguridad siguen siendo críticas. La ausencia de garantías básicas ha facilitado el control por parte de actores armados que imponen su ley al margen del Estado.
En este contexto, el secuestro del niño no solo es un acto criminal, sino un síntoma de una problemática más profunda: la incapacidad del Estado para ejercer soberanía plena en estos territorios.
¿Qué se puede esperar ahora del Gobierno Nacional?
La situación exige respuestas rápidas y contundentes. Además de la recompensa ofrecida y el despliegue de operaciones de búsqueda, la presión sobre el Gobierno Nacional aumenta. La población espera acciones concretas que garanticen no solo el rescate del menor, sino también medidas estructurales que devuelvan la seguridad a Jamundí y sus corregimientos.
¿Podrá el Gobierno responder con la fuerza y eficacia necesarias? ¿Habrá un replanteamiento en la estrategia de seguridad para territorios con alta presencia guerrillera?
Este caso no puede quedar en el olvido mediático. El futuro del niño y la confianza de toda una comunidad en sus instituciones están en juego.
