La creación de las Entidades Territoriales Indígenas (ETI), una promesa constitucional de hace más de tres décadas, está a punto de materializarse. Ocho territorios indígenas de la Amazonia esperan únicamente la firma del presidente Gustavo Petro para convertirse oficialmente en entidades autónomas, con capacidad política, administrativa y fiscal dentro de la estructura del Estado colombiano.
Una espera de 34 años que llega a su punto decisivo
Desde la Constitución de 1991, los territorios indígenas fueron reconocidos como entidades territoriales, al mismo nivel de departamentos, distritos y municipios. Sin embargo, nunca habían sido formalizados.
Hoy, tras múltiples diálogos, demandas, revisiones técnicas y procesos interculturales, las comunidades lograron consolidar sus Acuerdos Interculturales: documentos que ya cuentan con las firmas de varios ministerios y que solo necesitan el aval presidencial.
Los territorios que integrarían esta primera fase abarcan cerca de 9,5 millones de hectáreas en Amazonas y Vaupés: PANI, Bajo Río Caquetá, Río Tiquié, Mirití Paraná, Yaigojé Apaporis, Arica, Uitiboc-Asoiantam y Ríos Cotuhé y Putumayo – Cimtar.
Autonomía, gobierno propio y un nuevo orden territorial
Para los líderes indígenas, la formalización de las ETI representa un hito histórico que fortalecerá su autonomía y su capacidad de gestión.
Antonio Matapí Yucuna, del territorio Mirití Paraná, asegura que este reconocimiento valida décadas de trabajo y la visión tradicional sobre el gobierno propio. Camilo Guio, de la Fundación Gaia Amazonas, destaca que otras 25 comunidades avanzan en procesos similares, lo que podría llevar a que hasta 17 millones de hectáreas sean administradas bajo esta figura.
Los cambios serían profundos:
- Descentralización real en salud, educación y recursos del Sistema General de Regalías.
- Transformación de la cartografía nacional.
- Reconocimiento de gobiernos indígenas como parte formal de la estructura del Estado.
El reto de la capacidad institucional y las decisiones judiciales
El camino no ha sido fácil. La ausencia de una Ley de Ordenamiento Territorial para las ETI, trabas administrativas, retrasos en registros y requisitos no contemplados en la norma llevaron a múltiples tutelas.
Las sentencias T-072 de 2021 y T-180 de 2024 ordenaron al Estado avanzar sin dilaciones y respetar los procedimientos establecidos.
Paralelamente, un fallo reciente de la Corte Constitucional avaló el decreto que reconoce a los pueblos indígenas como autoridades ambientales en sus territorios, con límites claros: solo podrán imponer sanciones a miembros de sus comunidades y deberán coordinar con las autoridades ambientales oficiales.
Coordinación ambiental y tensiones con las CAR
El Decreto 1275 de 2024 fue objeto de varias demandas por parte de entidades como Asocars, preocupadas por eventuales solapamientos de competencias.
La Corte, sin embargo, determinó que la participación indígena fortalecerá la protección ambiental y declaró inexequible una restricción que limitaba la coordinación entre autoridades, reforzando la necesidad de articulación permanente.
Un nuevo capítulo para la Amazonia y para Colombia
Detrás de este avance se encuentran décadas de trabajo entre organizaciones indígenas, entidades estatales y expertos. Instituciones como el Departamento Nacional de Planeación, el IGAC, el DANE y la Agencia Nacional de Tierras han participado en el ajuste de límites, caracterizaciones demográficas y revisiones técnicas.
Para las comunidades, este paso implica un ejercicio de responsabilidad y autodeterminación.
“Vamos a demostrar la capacidad de administrar nuestros territorios con autonomía y respeto por nuestra cosmovisión”, afirma la lideresa Kenny Yukuna.
Otros movimientos en la agenda indígena y territorial
Entre los hechos recientes que rodean la coyuntura indígena:
- Todos los ministros del gabinete firmaron los acuerdos interculturales para las ocho primeras ETI; solo falta la firma presidencial.
- La Corte Constitucional confirmó que las ETI accederán a recursos de salud, educación y agua potable como cualquier entidad territorial.
- El senador indígena Julio César Estrada buscará la reelección en la circunscripción especial.
- En Putumayo, grupos armados ilegales ejecutan obras que autoridades locales califican como expresiones de “gobernanza criminal”.
- Organizaciones ambientales advierten que las metas climáticas oficiales carecen de hoja de ruta y presupuesto definido.
