El presidente Gustavo Petro ha dado un paso decisivo para contener el avance del crimen organizado en la región del Catatumbo, ordenando la militarización inmediata de la frontera con Venezuela. Esta medida, anunciada tras un consejo de seguridad extraordinario en Tibú, Norte de Santander, responde al creciente control territorial que ejercen mafias locales e internacionales sobre pasos ilegales entre ambos países.
La decisión llega en un momento crítico, cuando la violencia y la extorsión han escalado en la región, afectando directamente a comunidades campesinas y líderes sociales. Petro hizo énfasis en que el Estado no puede ceder terreno a estructuras criminales que lucran con el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas. «No vamos a permitir que la delincuencia organizada binacional imponga sus reglas en la frontera», declaró con firmeza el mandatario.
Tibú: epicentro de la disputa territorial y criminal
La situación en Tibú refleja con crudeza el deterioro del control estatal en el conflicto armado en Norte de Santander. Este municipio ha sido testigo del enfrentamiento entre grupos armados ilegales, disidentes de las FARC, el ELN y bandas criminales con redes en ambos lados de la frontera. La ausencia sostenida del Estado ha convertido a la zona en una ruta estratégica para el narcotráfico y otras economías ilegales.
Como lo evidenció El Expreso en su reportaje “Míreme que le estoy hablando”: líderes sociales a Petro en el Catatumbo, líderes comunitarios de la región han exigido que el Gobierno escuche a quienes viven la violencia en carne propia y que priorice soluciones estructurales por encima de despliegues militares temporales.
Durante el consejo de seguridad, autoridades locales y nacionales coincidieron en que la respuesta debe ser integral. Si bien la presencia militar será reforzada de manera inmediata, el presidente enfatizó que la estrategia debe incluir inversión social, educación y oportunidades económicas. «La seguridad no puede ser solo con fusiles, debe ser también con justicia social», reiteró Petro ante la comunidad. con crudeza el deterioro del control estatal en el conflicto armado en Norte de Santander. Este municipio ha sido testigo del enfrentamiento entre grupos armados ilegales, disidentes de las FARC, el ELN y bandas criminales con redes en ambos lados de la frontera. La ausencia sostenida del Estado ha convertido a la zona en una ruta estratégica para el narcotráfico y otras economías ilegales.
Durante el consejo de seguridad, autoridades locales y nacionales coincidieron en que la respuesta debe ser integral. Si bien la presencia militar será reforzada de manera inmediata, el presidente enfatizó que la estrategia debe incluir inversión social, educación y oportunidades económicas. «La seguridad no puede ser solo con fusiles, debe ser también con justicia social», reiteró Petro ante la comunidad.
Un muro contra las mafias que cruzan libremente la frontera
La medida de militarizar la frontera en El Catatumbo busca cerrar los pasos ilegales que han sido dominados por mafias desde hace años. Según inteligencia militar, estas estructuras utilizan la porosidad de la frontera para movilizar armas, drogas, dinero y personas sin control. Petro fue categórico al afirmar que se trata de una operación binacional del crimen: «No es solo una mafia colombiana o venezolana; es una mafia común que se mueve como pez en el agua por los ríos y trochas».
La orden presidencial contempla la intervención coordinada de la Fuerza Pública en la frontera, así como una estrategia conjunta con organismos de inteligencia y justicia. También se anunció la evaluación de medidas diplomáticas con Venezuela para enfrentar el fenómeno de manera estructural. En este sentido, se espera que el Ministerio de Defensa articule un despliegue militar permanente en puntos neurálgicos como La Gabarra, Puerto Santander y El Tarra.
¿Puede la militarización frenar el control de las mafias en la frontera?
La respuesta inmediata del gobierno busca recuperar el territorio y enviar un mensaje claro: el Estado no tolerará más vacíos de poder en zonas fronterizas. Sin embargo, expertos en seguridad coinciden en que la efectividad de la militarización dependerá de su articulación con medidas sociales sostenidas. «Sin empleo, salud, educación y acceso a justicia, la presencia militar se diluye en el tiempo», afirmó un analista del Observatorio de Seguridad de la Universidad del Rosario.
La región del Catatumbo, históricamente golpeada por el abandono estatal y la violencia, enfrenta un nuevo intento de transformación. La pregunta que queda es si esta vez la presencia de la Fuerza Pública podrá sostenerse más allá de la coyuntura, y si las comunidades verán mejoras reales en su calidad de vida. La historia reciente muestra que la fuerza por sí sola no basta, y que la paz requiere mucho más que uniformes.
