La reciente decisión del gobierno de Daniel Noboa de ejecutar la deportación de presos colombianos que cumplen condena en Ecuador ha desatado una nueva fricción diplomática con el Gobierno de Gustavo Petro. La medida, calificada por la Cancillería colombiana como un “gesto inamistoso”, fue ejecutada sin previo aviso ni coordinación bilateral, lo que vulnera las recomendaciones previamente emitidas por Bogotá.
El traslado de los internos se realizó en la madrugada del 25 de julio bajo fuertes medidas de seguridad. Las autoridades ecuatorianas dispusieron un operativo que incluyó escoltas policiales y vehículos penitenciarios para repatriar a los primeros grupos de internos colombianos. Este acto, aunque respaldado por normas migratorias internas, ha sido considerado por Colombia como una acción unilateral que compromete las relaciones bilaterales.
¿Qué hay detrás de la decisión de Ecuador?
La determinación de Quito se enmarca en una política más amplia de despresurización del sistema carcelario, severamente afectado por el hacinamiento y la violencia. En los últimos meses, Ecuador ha enfrentado crisis penitenciarias sin precedentes, incluyendo motines y asesinatos dentro de las cárceles, muchos de ellos atribuidos a disputas entre organizaciones criminales transnacionales.
El gobierno de Noboa ha optado por medidas contundentes, como militarizar las cárceles y trasladar a reos de alto perfil. En este contexto, la deportación de presos colombianos se plantea como una estrategia para reducir tensiones internas. Sin embargo, la forma en que se ejecutó esta política —sin notificación diplomática y sin protocolos de recepción coordinados con Colombia— ha generado inquietudes sobre su legalidad y legitimidad.
Desde Bogotá, la Cancillería ha expresado preocupación por la integridad de los deportados y la falta de garantías procesales. Además, se advierte que la repatriación no puede ser tratada como una simple expulsión, pues implica un acuerdo judicial y penitenciario que debe ser revisado entre ambos Estados.
¿Cuál es el impacto político y regional de esta medida?
La acción de Ecuador tiene implicaciones que trascienden lo humanitario. La tensión diplomática entre Colombia y Ecuador podría debilitar los mecanismos de cooperación en materia de seguridad regional, control fronterizo y lucha contra el crimen organizado. Aunque no se ha roto oficialmente ningún canal diplomático, fuentes diplomáticas indican que el enfriamiento de las relaciones es evidente.
Además, se teme que esta decisión siente un precedente riesgoso en la región. Si más países optan por políticas migratorias y penitenciarias unilaterales, la estabilidad regional podría verse comprometida. Ya en el pasado, episodios similares con venezolanos en otros países han puesto a prueba el principio de reciprocidad y respeto mutuo entre naciones latinoamericanas.
Hasta el momento, el Gobierno Petro ha mantenido una postura de rechazo diplomático sin escalar la controversia. No obstante, analistas internacionales advierten que si Ecuador continúa con estos procesos sin un marco bilateral, la situación podría derivar en medidas recíprocas o en la revisión de acuerdos de cooperación.
