En un giro que marca un hito en la relación con los educadores públicos, el Gobierno Nacional y ocho sindicatos del magisterio alcanzaron un acuerdo que representa un aumento salarial diferencial sobre el resto de los empleados del Estado. Según lo anunciado por el Ministerio de Educación se realizará un incremento adicional del 3,0?% al aumento salarial anual que se decrete para los empleados públicos, a partir de 2026 se añadirá un 0,4?%, seguido de 1,3?% en 2027 y nuevamente 1,3?% en 2028, respecto al incremento general de la planta estatal.
Este reconocimiento se suma a lo pactado en la negociación colectiva de 2023, lo que consolida un aumento acumulado del 6?% para los docentes durante el periodo 2024?2028. Además, en reconocimiento a la experiencia, se acordó un componente adicional del 0,5?% por cada período de tres años contados desde el último ascenso docente, distribuido gradualmente: 17?% en 2026, 40?% en 2027 y 43?% en 2028.
El pacto, resultado de una “mesa de diálogo técnico y concertación”, incluyó también 76 compromisos que abarcan desde la protección del personal en zonas vulnerables hasta la expansión de la planta administrativa. Según el Ministerio de Educación, esta escalada salarial adicional contribuye a “dignificar el trabajo docente y transformar el sector” , subrayando los cambios como avances “históricos en formalización, equidad laboral y bienestar universitario”.
Sin embargo, la reacción de algunos sindicatos fue mixta. El Sindicato de Empleados y Trabajadores de la Educación (Sintrenal) mantiene una asamblea permanente y anticipa un paro nacional indefinido para el 14 de julio de 2025, argumentando que aún no se ha demostrado el cumplimiento de los compromisos previos del Gobierno. Aun así, celebran que el acuerdo “avanza en el cierre de brechas salariales entre docentes y otros servidores públicos”, citando el Ministerio.
La dimensión del aumento para los docentes también se ve en cifras económicas concretas: por ejemplo, un funcionario con salario promedio de $2.200.000 pasaría a ganar aproximadamente $2.389.000, gracias al reajuste del 8,6?% en 2025. Esto se suma al ajuste general del 7?% previsto para funcionarios públicos en 2025, distribuido entre 5,2?% por inflación y 1,8?% extra pactado con centrales obreras.
En resumen, este acuerdo representa “una nueva página en la historia de la educación pública en Colombia” , según se refirió en redes el Ministerio de Educación. Queda pendiente que se cumplan los otros compromisos relacionados con contratación, reforma del SGP, personal administrativo y certificación de nómina, cuyo desarrollo será clave para determinar si realmente se logra una transformación hacia una educación pública más estable y reconocida. Fuentes.
