La presencia de las disidencias de las Farc en el sur del Cauca ha escalado a nuevas formas de presión sobre la población civil. Según información de inteligencia militar, comunidades de municipios como Patía y El Tambo están siendo forzadas a participar en protestas contra la fuerza pública, bajo amenazas de represalias económicas o físicas.
Los reportes indican que quienes se rehúsan a asistir a estas movilizaciones deben pagar una “multa” de $500.000, o en su defecto, enfrentar trabajos forzados impuestos por estos grupos armados ilegales. Esta práctica constituye una clara violación a los derechos humanos, además de generar un ambiente de constante temor entre los habitantes de la región.
La presión armada detrás de las marchas
La estructura Carlos Patiño, una de las más activas disidencias de las Farc, estaría detrás de estas acciones coercitivas. Este grupo ilegal, que opera en zonas estratégicas como el Cañón del Micay, utiliza la coacción para manipular la participación civil y simular apoyo popular en protestas que, en realidad, son parte de su estrategia de confrontación con el Estado.
Las denuncias ciudadanas y los informes de organismos de seguridad coinciden en señalar que los insurgentes recurren a listados, amenazas personales y control territorial para hacer cumplir estas convocatorias. Incluso se ha identificado la entrega de brazaletes o listas firmadas como prueba de asistencia a las marchas.
Esta modalidad no solo vulnera la autonomía de las comunidades, sino que además distorsiona el significado de la protesta social como mecanismo legítimo de expresión.
Reacciones institucionales y consecuencias sociales
Frente a esta situación, tanto el Ejército Nacional como las autoridades civiles del Cauca han reiterado su compromiso con la protección de las comunidades afectadas. Sin embargo, las denuncias se han incrementado, especialmente en sectores rurales de difícil acceso donde la presencia estatal sigue siendo limitada.
Además de las protestas forzadas, también se ha documentado la imposición de trabajos comunitarios y el cobro de cuotas ilegales por parte de los grupos armados, prácticas que afectan gravemente la economía y la estabilidad social de las comunidades.
Este fenómeno representa un desafío urgente para el Estado colombiano, que debe actuar con contundencia para evitar la consolidación de estos métodos de control social. Las disidencias de las Farc, lejos de buscar una solución política, están empleando mecanismos de opresión similares a los peores momentos del conflicto armado.
¿Cómo proteger a las comunidades del Cauca ante estas amenazas?
La situación plantea preguntas clave sobre la capacidad institucional para prevenir la instrumentalización de la protesta social por parte de actores ilegales. El caso del Cauca revela una estrategia sofisticada de manipulación de la sociedad civil, en la que se mezcla la violencia, el chantaje económico y el simbolismo político.
Para contrarrestar este tipo de amenazas, es fundamental reforzar la presencia de organismos de derechos humanos y promover mecanismos de denuncia seguros y eficaces. Además, resulta urgente avanzar en una política de seguridad que combine inteligencia, desarrollo territorial y presencia social integral.
La garantía de la protesta libre y pacífica, como derecho fundamental, debe ir acompañada de acciones concretas para desarticular estructuras armadas que se aprovechan de la vulnerabilidad de las comunidades. La protección de los derechos humanos en zonas de conflicto debe ser una prioridad inaplazable.
