Se conoció en primicia la denuncia penal por tráfico de influencias radicada ante la Fiscalía General de la Nación contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, y la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), Angie Rodríguez. La acción judicial fue presentada por la abogada Estefanía Orozco Torres, tras las graves declaraciones de la ministra de Justicia saliente, Ángela María Buitrago, sobre presuntas presiones indebidas para realizar nombramientos dentro de su cartera.
La denuncia solicita que se activen los actos urgentes de investigación, argumentando que los hechos denunciados son de especial gravedad y comprometen a altos funcionarios del Estado. Orozco, quien representa a la sociedad civil como denunciante, instó a que se priorice la recopilación de pruebas debido a la naturaleza de las acusaciones y el contexto político en que se originan.
Presiones para mover presos y remover funcionarios
Según el documento presentado, Ángela María Buitrago, quien presentó su renuncia irrevocable el pasado 12 de abril (efectiva a partir del 1 de junio), reveló haber sido objeto de presiones que no respondían a criterios técnicos ni administrativos, sino a intereses personales o políticos. Estas presiones, según su denuncia pública, fueron ejercidas directamente por Benedetti y Rodríguez, y tendrían como propósito influir en decisiones claves dentro del Ministerio de Justicia.
Entre los hechos más delicados se encuentra el intento de intervenir en la remoción del director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), Ludwig Valero, así como supuestas presiones para “mover presos”, una expresión que podría implicar manipulación de traslados penitenciarios por fuera del marco legal.
Posible configuración del delito de tráfico de influencias
La abogada Orozco sostuvo que los hechos narrados por la exministra se ajustan a lo establecido en el artículo 411 del Código Penal Colombiano, que tipifica el delito de tráfico de influencias. Esta norma sanciona al servidor público que utilice indebidamente su posición o las influencias derivadas de su cargo para obtener beneficios propios o para terceros, una conducta que, de comprobarse, podría acarrear serias consecuencias jurídicas y políticas.
Además, la denuncia plantea interrogantes clave a la directora del DAPRE sobre la posible existencia de un grupo de chat del gabinete presidencial, en el cual habrían tenido lugar comunicaciones relevantes para el caso. La solicitud incluye la verificación de mensajes y llamadas realizados durante el año 2025, con el fin de documentar cualquier presión indebida ejercida desde esferas del poder.
Un contexto agravado por antecedentes judiciales
La denuncia no omite recordar que Armando Benedetti ya enfrenta un proceso judicial ante la Corte Suprema de Justicia por otros hechos, lo que, según la parte denunciante, demostraría un patrón de conducta reiterado en el uso indebido de su posición dentro del Estado. Esta mención busca reforzar la gravedad del caso actual y subraya la necesidad de actuar de manera inmediata.
La situación adquiere aún más peso si se considera la figura de Ángela María Buitrago, reconocida por su firmeza y trayectoria en la defensa de la legalidad, razón por la cual es conocida como “la fiscal de hierro”. Su testimonio es considerado clave no solo por su contenido, sino por la autoridad moral y técnica de quien lo emite.
¿Qué sigue para Benedetti y Rodríguez tras esta denuncia?
La radicación formal de esta denuncia pone al gobierno bajo el foco de la opinión pública y genera presión sobre la Fiscalía General de la Nación, que deberá definir si abre una investigación formal. En caso de confirmarse los hechos, se trataría de uno de los escándalos más serios que involucra a miembros activos del alto gobierno en lo corrido del año.
El desarrollo de este caso podría marcar un antes y un después en la relación entre las instituciones del Ejecutivo y el sistema judicial. Mientras tanto, la ciudadanía y los medios observan de cerca si se respetarán los principios de transparencia, legalidad y debido proceso.
¿Se avecina una crisis institucional o una reafirmación de los controles democráticos? La respuesta dependerá, en gran medida, de la celeridad y rigurosidad con que actúen las autoridades competentes frente a estas delicadas denuncias.
