Una denuncia formal de acoso sexual contra un contratista y dirigente del partido Comunes en la Unidad Nacional de Protección (UNP) abrió una investigación en la Fiscalía y obligó a la entidad a activar sus protocolos internos de atención y protección. El caso, conocido inicialmente por Semana, volvió a poner en discusión los mecanismos institucionales para prevenir y sancionar este tipo de conductas, así como los riesgos que enfrentan quienes deciden denunciar.
La denuncia fue radicada el 10 de diciembre ante la Fiscalía General de la Nación y la Subcomisión de Transversalidad de Género de la UNP. En ella, una trabajadora señala a Nicolás Sarmiento Ramírez, contratista de la entidad desde 2020 y referente distrital del partido Comunes, por presuntos tocamientos y acercamientos sin consentimiento que, según su testimonio, se habrían presentado de manera reiterada desde 2022.
De acuerdo con el relato conocido por el medio citado, la denunciante describe un patrón de insistencias, invitaciones fuera del ámbito laboral y uso de una posición de influencia para condicionar oportunidades de trabajo, generando escenarios de vulnerabilidad. Los episodios, según la versión entregada, se intensificaron en 2024 cuando ambos coincidieron laboralmente en la subdirección de la UNP en Bogotá y se habrían repetido durante una comisión oficial en Sincelejo, en marzo de 2025.
La trabajadora manifestó temor a eventuales represalias y a perder su empleo, percepción que también es respaldada por un documento de un grupo feminista citado en la investigación periodística. Dicho informe advierte sobre un presunto “acoso sistemático” en entornos vinculados al partido Comunes y la UNP, y señala la falta de garantías institucionales suficientes para la denuncia y protección de las víctimas.
Frente a los hechos, la dirección de la UNP informó que activó de inmediato las rutas internas y externas de atención. Según explicó su director, Augusto Rodríguez, se brindó acompañamiento psicológico, se dio aviso a la Fiscalía, la Secretaría de la Mujer y el Ministerio de la Igualdad, y se garantizó la continuidad contractual de la denunciante. En contraste, el contrato de Sarmiento Ramírez no será renovado para 2026 y su pareja fue retirada de funciones relacionadas con la recepción de denuncias internas, aunque continúa vinculada a la entidad.
Consultado por Semana, Nicolás Sarmiento Ramírez negó las acusaciones y las calificó de falsas, sin ampliar su versión. Mientras tanto, el caso sigue su curso en las instancias judiciales y administrativas, en medio de llamados de organizaciones y voceras feministas a fortalecer las garantías para denunciar sin temor en escenarios políticos e institucionales.
