La exempleada doméstica Fabiola Perea, quien trabajó para la actual embajadora de Colombia en el Reino Unido, Laura Sarabia, presentó una demanda contra el Estado por los seguimientos, interceptaciones y pruebas arbitrarias realizadas en su contra durante el escándalo por la desaparición de dinero en la residencia de Sarabia en 2023. El caso, que involucró actuaciones irregulares de organismos de seguridad, dejó a Perea en medio de una investigación que posteriormente fue catalogada como un exceso injustificado en el uso del aparato estatal.
El Juzgado 59 Administrativo de Bogotá admitió la demanda, revelada por Noticentro Uno, en la que la mujer solicita una indemnización por lucro cesante equivalente a 24 salarios mínimos y por daño moral equivalente a 450 salarios mínimos, para un total aproximado de 674 millones de pesos. La reclamación se sustenta en los efectos económicos, emocionales y sociales que el caso generó en su vida y en la de su familia, tras haber sido vinculada falsamente a actividades criminales.
Las acusaciones sobre falsificación de identidad y señalamientos injustificados
En el documento radicado ante el juzgado, Fabiola Perea asegura que fue identificada falsamente como alias “La Cocinera”, supuesta integrante del grupo criminal Clan del Golfo, con el fin de justificar la intervención ilegal de sus comunicaciones y vincularla a actividades delictivas inexistentes. La demanda señala que esta manipulación tuvo como propósito obtener autorización judicial para avanzar en interceptaciones que no tenían sustento real.
La afectación no solo fue económica. Según lo expresado en el escrito, la estigmatización generó un deterioro significativo en la salud emocional de Perea y de su familia, quienes han padecido “cuadros de ansiedad, zozobra, sentimientos de persecución y congoja” debido al señalamiento público y al temor derivado de ser relacionados con una organización delincuencial de alto impacto.
Además de la indemnización económica, la demandante pide que se ordene un acto público de disculpas y desagravio por parte de las entidades involucradas en las interceptaciones ilegales, como mecanismo de reparación y reconocimiento de los daños ocasionados.
El posible efecto dominó: otras demandas en camino
El impacto del escándalo podría extenderse. Según personas cercanas a Marelbys Meza, quien se desempeñaba como niñera en la casa de Sarabia y también fue sometida a presiones y pruebas irregulares, no se descarta la presentación de otra demanda contra la Nación. De concretarse, la cifra exigida podría superar incluso el monto solicitado por Fabiola Perea.
Ambas mujeres fueron sometidas a procedimientos que excedieron la naturaleza del caso, el cual inicialmente giraba en torno a la desaparición de una maleta con aproximadamente 4.000 dólares —unos 16 millones de pesos— reportada el 29 de enero de 2023 en la vivienda de Sarabia, quien entonces era jefa de despacho del presidente Gustavo Petro.
El escándalo que desató una ola de investigaciones
Un día después del hurto, Marelbys Meza fue sometida a una prueba de polígrafo en la Casa de Nariño, procedimiento normalmente reservado para labores de seguridad de alto nivel. La situación escaló aún más el 3 de febrero, cuando las comunicaciones de ambas trabajadoras fueron interceptadas ilegalmente al ser identificadas con los alias La Madrina y La Cocinera.
La Fiscalía determinó posteriormente que la Policía había manipulado las identidades de las mujeres para obtener la autorización judicial, presentándolas como integrantes del Clan del Golfo. Con este procedimiento se justificó la intervención de sus comunicaciones y se dio pie a una serie de actuaciones desproporcionadas para esclarecer lo que, a primera vista, parecía un simple hurto doméstico.
La investigación concluyó que el aparato de seguridad estatal activó recursos, personal y herramientas destinadas a operaciones especiales para recuperar el dinero “a como diera lugar”. Según la demanda, los policías implicados señalaron al coronel Carlos Feria, entonces jefe de seguridad presidencial, como quien habría impartido la orden de desplegar estas actuaciones.
Los equipos de poligrafía de la oficina de anticipaciones de la Casa de Nariño fueron utilizados de manera irregular, mientras que unidades de la Dijín y la Sijín participaron en seguimientos encubiertos avalados por reportes que distorsionaban los hechos. Las trabajadoras pasaron de ser empleadas domésticas a ser tratadas como sospechosas de graves delitos sin que existieran pruebas reales que justificaran dichas acciones.
Consecuencias judiciales y un caso que sigue abierto
El escándalo dejó además episodios posteriores que siguen bajo investigación. En julio de 2023, el coronel Óscar Dávila, integrante del esquema de seguridad presidencial, falleció en circunstancias aún no esclarecidas. Un mes después, varios policías implicados en las interceptaciones fueron capturados y algunos ya han sido declarados culpables por su participación en los hechos.
La demanda de Fabiola Perea se convierte así en un nuevo capítulo dentro de un caso que puso en evidencia fallas graves en el uso de los mecanismos de inteligencia estatal y cuyo alcance judicial continúa desarrollándose.
