La Defensoría del Pueblo de Colombia emitió la Alerta Temprana de Inminencia 008 de 2026 para el departamento de Guainía, ante los riesgos extraordinarios que enfrentan varios pueblos indígenas en medio de la disputa territorial entre grupos armados ilegales. La advertencia busca prevenir graves afectaciones a la población civil y alertar sobre posibles violaciones a los derechos humanos en esta región del sur del país.
La alerta focaliza su atención en la zona rural del municipio de Inírida y en las áreas no municipalizadas de Puerto Colombia, San Felipe, La Guadalupe y Cacahual. Según la entidad, en estos territorios las comunidades indígenas se encuentran en medio de confrontaciones entre el Frente José Daniel Pérez Carrero del Ejército de Liberación Nacional y el Frente Acacio Medina, perteneciente a la disidencia conocida como Segunda Marquetalia.
El Sistema de Alertas Tempranas documentó que la confrontación entre estos grupos está relacionada principalmente con el control de rutas del narcotráfico y actividades de minería ilegal en la región. Como consecuencia, las organizaciones armadas han impuesto mecanismos de control social en los territorios, lo que afecta la autonomía y el modo de vida de comunidades indígenas como los pueblos Curripako, Yeral, Baniwa, Sikuani y Puinave.
La situación se agrava debido a las restricciones impuestas sobre los ríos, que constituyen las principales vías de movilidad en la selva. Según la Defensoría, los grupos armados han convertido estos corredores fluviales en rutas controladas, limitando la libre circulación de las comunidades para actividades básicas como la pesca, el transporte y el abastecimiento de alimentos, lo que genera escenarios de confinamiento que afectan a miles de personas.
La entidad también advirtió sobre el impacto que la confrontación tiene sobre la niñez indígena. Entre los principales riesgos se encuentran el reclutamiento forzado por parte de grupos armados y la interrupción de las actividades educativas debido a amenazas contra docentes en los resguardos, lo que ha provocado la suspensión de clases en varias comunidades.
Este panorama se enmarca en un contexto histórico de vulnerabilidad para los pueblos indígenas en medio del conflicto armado colombiano. La Corte Constitucional de Colombia advirtió desde el Auto 004 de 2009 que el conflicto representa una amenaza directa para la supervivencia física y cultural de varios pueblos indígenas, algunos de los cuales fueron declarados en riesgo de exterminio. Posteriormente, los Autos 174 de 2011 y 074 de 2014 reiteraron la existencia de riesgos en territorios con baja presencia institucional.
Ante la gravedad de la situación, la Defensoría calificó el nivel de riesgo como extremo y solicitó una respuesta urgente y coordinada por parte del Estado. Entre las medidas propuestas se encuentra la activación prioritaria de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), con el fin de coordinar acciones institucionales que permitan prevenir nuevas afectaciones a las comunidades.
La entidad también pidió al Ministerio de Defensa de Colombia y a la fuerza pública reforzar la seguridad en los corredores fluviales fronterizos, así como a la Unidad para las Víctimas garantizar asistencia humanitaria para las comunidades que puedan quedar confinadas por el recrudecimiento del conflicto. Además, hizo un llamado a las autoridades regionales para fortalecer la respuesta institucional y evitar una crisis humanitaria de mayores proporciones en el territorio.
