La defensa de Álvaro Uribe, encabezada por el abogado Granados, argumenta que la falta de claridad en las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la conducta imputada viola el derecho a una debida defensa. Granados enfatiza que, para que una formulación de imputación sea válida, la Fiscalía General de la Nación debe comunicar de manera clara y precisa los hechos jurídicamente relevantes en una audiencia pública frente al juez de control de garantías y en presencia del defensor del imputado.
En este caso, según Granados, no existe tal claridad en los cargos presentados contra Uribe, lo que impide que este pueda defenderse adecuadamente. El abogado resalta que la indagatoria y el análisis de la medida de aseguramiento carecen de un relato claro y concreto de los hechos, lo cual es un requisito legal fundamental. Sin esta claridad, el exmandatario no puede entender plenamente de qué se le acusa ni preparar una defensa efectiva.
La Fiscalía acusa a Uribe de presuntamente sobornar a exparamilitares para que rindieran testimonios falsos a su favor. Específicamente, se alega que Uribe buscó en la cárcel a Juan Guillermo Monsalve, ofreciéndole beneficios a cambio de declarar ante la Corte Suprema de Justicia que el senador Iván Cepeda lo había buscado para testificar en contra de Uribe. Este caso es notable porque es la primera vez que un expresidente de la República enfrenta un juicio penal.
