A pocos días de que se conozca el sentido del fallo en uno de los casos más polémicos de la política reciente en Colombia, la defensa de Álvaro Uribe reafirmó que el exmandatario no debería enfrentar prisión preventiva, sin importar la decisión de la jueza 44 penal de Bogotá. El abogado Jaime Granados, reconocido penalista que encabeza la representación legal del exsenador, insistió en que no existen pruebas contundentes por parte de la Fiscalía General de la Nación que justifiquen una medida de detención.
Granados manifestó que, pese a los señalamientos por soborno a testigos y fraude procesal, su defendido siempre ha actuado en el marco de la legalidad. “Debe prevalecer la libertad”, enfatizó en una declaración que pone de manifiesto el tono con el que se enfrenta la etapa decisiva del proceso. La audiencia en la que se conocerá el fallo está programada para el lunes 28 de julio de 2025.
Acusaciones y fundamentos del caso
El caso contra el expresidente Uribe comenzó a raíz de denuncias por supuesta manipulación de testigos y uso indebido del aparato judicial para defender su imagen pública. Se le acusa de haber presionado, de forma directa o indirecta, a exparamilitares para que modificaran testimonios que lo implicaban con estructuras criminales.
La Fiscalía General de la Nación ha intentado establecer que hubo un patrón de comportamiento orientado a torcer la justicia, pero hasta ahora no ha logrado consolidar una narrativa con suficiente peso probatorio. Jaime Granados aseguró que no solo no existen pruebas nuevas desde que la Fiscalía pidió la preclusión, sino que el material aportado no cumple con los requisitos para soportar una imputación formal.
Desde la defensa se ha recalcado que durante cinco años de investigación no se ha hallado evidencia concluyente, lo cual refuerza el argumento de que cualquier intento por privar de libertad a Uribe violaría principios fundamentales del debido proceso y la presunción de inocencia.
La estrategia jurídica de la defensa
Granados, quien cuenta con una trayectoria destacada en litigios penales de alto perfil, ha sostenido que el proceso se ha sostenido más en la opinión pública que en el rigor jurídico. Su argumento central es que el proceso ha estado “vacío de pruebas y lleno de narrativas” generadas por sectores interesados en desgastar políticamente al exmandatario.
Además, destacó que en ninguna de las diligencias se ha presentado un indicio que demuestre que Álvaro Uribe intervino personalmente o a través de terceros para coaccionar a testigos. En palabras del abogado, “no hay razón para que una persona que ha colaborado con la justicia, que compareció ante la Corte Suprema y el sistema judicial, sea privada de la libertad sin una base jurídica clara”.
La estrategia apunta también a resaltar la coherencia institucional del exsenador, quien renunció a su curul para someterse a la justicia ordinaria, una decisión interpretada por su equipo como muestra de transparencia.
