La defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez anunció que interpondrá una tutela ante la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de tumbar la medida de detención domiciliaria dictada en su contra por el Tribunal Superior de Bogotá. Según el equipo jurídico del exmandatario, esta decisión vulnera derechos fundamentales como el debido proceso, el acceso a la defensa y la presunción de inocencia.
La acción constitucional busca revocar lo resuelto el pasado 24 de mayo por la Sala Penal del Tribunal, que avaló el regreso de la medida de aseguramiento no privativa de la libertad mientras avanza el proceso por el caso de falsos testigos y fraude procesal en el que Uribe es investigado desde 2018.
La tutela será presentada en los próximos días ante la Sala de Casación Penal de la Corte, instancia encargada de revisar posibles vulneraciones a derechos fundamentales cuando se considera que una actuación judicial ha excedido sus límites legales o constitucionales.
Argumentos centrales de la tutela: contradicción con decisiones anteriores
La defensa del líder del Centro Democrático sustenta su recurso en una presunta contradicción entre las decisiones recientes del Tribunal de Bogotá y los fallos emitidos anteriormente por jueces de garantías. Particularmente, se hace referencia a la resolución del juez 28 penal de conocimiento de Bogotá, quien en octubre de 2022 negó imponer cualquier medida restrictiva contra Álvaro Uribe, al considerar que no existían méritos jurídicos suficientes.
En contraste, el Tribunal consideró que sí hay pruebas que podrían poner en entredicho la actuación del expresidente en el proceso penal. La nueva medida ordenada implica que Uribe debe permanecer en su residencia, restringido en sus desplazamientos, lo cual ha sido interpretado por su defensa como un acto desproporcionado.
Según los apoderados del exmandatario, esa contradicción afecta su derecho al principio de seguridad jurídica y genera una afectación directa a su libertad sin una justificación válida. La tutela, por tanto, invoca no solo argumentos de legalidad, sino también principios constitucionales que consideran vulnerados.
Posibles implicaciones políticas y jurídicas del fallo
La decisión de revivir la detención domiciliaria de Álvaro Uribe ha reactivado el debate político y judicial en torno al caso más emblemático que involucra a un expresidente en Colombia. Mientras sus seguidores afirman que se trata de una persecución judicial con motivaciones políticas, sectores críticos insisten en la necesidad de permitir que la justicia avance sin interferencias.
El expresidente, quien enfrenta cargos por presunta manipulación de testigos para beneficiar su causa en procesos judiciales previos, ha reiterado públicamente su inocencia y ha denunciado un uso indebido del sistema judicial para desprestigiar su figura. En respuesta, diversas voces han manifestado preocupación por los efectos que pueda tener esta disputa en la percepción ciudadana sobre la imparcialidad de los jueces y la estabilidad institucional.
Si la Corte Suprema de Justicia llegara a fallar a favor de la tutela, se anularía la medida actual de detención domiciliaria, permitiendo que Uribe Vélez continúe en libertad mientras se desarrolla el juicio. Sin embargo, si el alto tribunal confirma la decisión del Tribunal de Bogotá, se consolidaría un precedente relevante sobre la posibilidad de imponer restricciones sin haberse dictado una condena.
