La línea que separa la legalidad de la legitimidad vuelve a ponerse en debate público. Esta vez, el foco está sobre la familia de la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal, tras una investigación periodística que expone el acceso de su hijo, Juan José Lafaurie Cabal, a un crédito y a incentivos estatales diseñados para pequeños productores agropecuarios.
Las revelaciones, publicadas por el periodista Daniel Coronell en la sección Los Danieles de la revista Cambio, no solo detallan una operación financiera específica, sino que abren un interrogante mayor sobre el uso de recursos públicos, los conflictos de interés y la coherencia entre el discurso político y la práctica privada.
Un crédito bajo la figura de “pequeño productor”
Según la investigación, el 22 de abril de 2024 Juan José Lafaurie Cabal acudió a una sucursal del banco Serfinanza, en el departamento del Cesar, para solicitar un crédito agropecuario por 400 millones de pesos. Para acceder a las condiciones preferenciales, se habría presentado como “pequeño productor”, una categoría creada para proteger y fomentar a campesinos con limitadas capacidades económicas.
Los documentos aportados para sustentar esa condición certificaban activos por poco más de 129 millones de pesos e ingresos anuales cercanos a los 96 millones, cifras que —según Coronell— se ubicaban justo por debajo de los topes legales exigidos. Con base en esa información, el banco habría aprobado el préstamo con recursos de Finagro, la entidad estatal encargada de financiar el desarrollo del sector rural.
Incentivos estatales y riesgo asumido por el Estado
La controversia no termina en el crédito. Meses después, el 27 de noviembre de 2024, Finagro habría desembolsado un Incentivo de Capitalización Rural (ICR) por 95.273.700 pesos, el monto máximo permitido por este programa. En la práctica, esto significa que casi una cuarta parte del préstamo no tendría que ser devuelta, pues sería cubierta con recursos públicos.
A esto se suma que el Fondo Agropecuario de Garantías (FAG) habría respaldado hasta el 80 % de la deuda, convirtiendo al Estado en el principal garante del crédito. El resultado es un esquema de financiación con bajo riesgo para el beneficiario y una alta exposición para las finanzas públicas.
El punto más sensible: la Junta Directiva de Finagro
El elemento que más inquietudes genera es el contexto institucional. Durante el periodo en que se tramitaron y otorgaron estos beneficios, José Félix Lafaurie —padre del beneficiario y presidente de Fedegán— integraba la Junta Directiva de Finagro. Aunque este órgano no aprueba créditos individuales, su papel en la orientación estratégica de la entidad es innegable.
El propio Lafaurie reconoció que fue miembro de la junta entre 2007 y junio de 2024 y que no informó a sus colegas sobre los trámites de su hijo, al considerar que no existía conflicto de interés. Sin embargo, en un país marcado por la desconfianza institucional, la sola coincidencia temporal resulta políticamente explosiva.
Reacciones, defensas y silencio político
Las revelaciones provocaron una ola de críticas en redes sociales y en el escenario político, especialmente por la aparente contradicción entre estos hechos y el discurso histórico de María Fernanda Cabal y su entorno contra los subsidios estatales.
Juan José Lafaurie respondió calificando las acusaciones de “injuriosas y calumniosas” y anunció que acudirá a la justicia para defender su honra. Aseguró que no debatirá el tema en medios ni en redes sociales y que será un juez quien determine responsabilidades.
La senadora Cabal, por su parte, optó por tomar distancia: “Que conteste mi marido o mi hijo, que son muy grandes ambos. Yo no”, dijo a la prensa. Una frase que, lejos de cerrar la polémica, refuerza la sensación de evasión frente a un asunto que toca directamente su capital político.
Legalidad versus ética pública
Hasta ahora, no hay una decisión judicial que establezca irregularidades. Pero el debate de fondo va más allá de los estrados. La pregunta central es si resulta éticamente aceptable que personas con poder económico, político y acceso a información privilegiada utilicen mecanismos creados para proteger a los sectores más vulnerables del campo colombiano.
En un país donde miles de pequeños productores enfrentan barreras casi infranqueables para acceder al crédito, cada caso como este erosiona la confianza ciudadana. No se trata solo de si la operación fue legal, sino de si fue justa, coherente y compatible con el discurso de austeridad y rechazo a los subsidios que algunos líderes políticos enarbolan en público.
El caso Lafaurie, más que un escándalo familiar, se convierte así en un espejo incómodo del Estado colombiano: uno donde las reglas pueden cumplirse al límite, pero la ética pública sigue quedando en entredicho.
