La Corte Suprema de Justicia reactivó uno de los procesos más delicados que pesan sobre el actual ministro del Interior, Armando Benedetti, por su presunta participación en el “carrusel de las pensiones” del Magisterio de Córdoba. La decisión fue adoptada por la Sala de Instrucción, en el marco de una investigación que se originó tras una compulsa de copias enviada por la Fiscalía General de la Nación en 2016, cuando Benedetti se desempeñaba como senador. Según la indagación, el alto funcionario habría tenido vínculos con un entramado de corrupción mediante el cual se desfalcaron más de 150.000 millones de pesos del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, utilizando resoluciones falsas para autorizar y cobrar pensiones irregulares a nombre de docentes inexistentes o suplantados. La red involucraba a jueces, secretarios de Educación y funcionarios de la Fiduprevisora, quienes habrían facilitado los pagos ilegales a cambio de sobornos y participación en los beneficios del fraude.
El testigo clave que señala al ministro del Interior
Entre las nuevas pruebas decretadas por el despacho del magistrado Farfán, se encuentra la declaración de Álvaro Enrique Burgos del Toro, considerado el testigo clave del caso. Burgos del Toro, abogado y señalado como cabecilla del entramado, fue condenado a 22 años de prisión por liderar la red de corrupción. En su confesión, realizada bajo un principio de oportunidad, aseguró que Benedetti habría solicitado el 20% del dinero desviado del Fondo del Magisterio como contraprestación por su intermediación política y apoyo a las gestiones que permitieron concretar el desfalco.
Burgos del Toro fue interrogado el martes 11 de noviembre, pero la práctica de pruebas continuará esta semana. Según fuentes judiciales, este miércoles 12 de noviembre declararán otros procesados y condenados por el mismo escándalo, entre ellos Guillermo Raúl Rhenals Cova, abogado que fue condenado en 2018 a 17 años de prisión sin beneficios por su participación en el fraude mediante la presentación de demandas y poderes falsos entre 2010 y 2012, con la complicidad de jueces y funcionarios del sector educativo.
Exjueces y abogados involucrados en el escándalo
El proceso contra Benedetti también incluye los testimonios de exfuncionarios judiciales. La exjueza Catherine Carine Cogollo Reina, quien ejercía en el municipio de Lorica (Córdoba), fue citada a declarar como testigo ante la Sala de Instrucción. Cogollo fue condenada en 2019 a 7 años y 4 meses de prisión por corrupción en el cobro irregular de más de 6.000 millones de pesos pertenecientes a 21 profesores, fondos que fueron apropiados con la complicidad de funcionarios de la Secretaría de Educación local.
Otra figura que comparecerá ante el magistrado Farfán es el abogado Leonardo Luis Pinilla Gómez, conocido como “El Porcino”, quien será interrogado el jueves 13 de noviembre. Pinilla, recordado por su participación en el ‘Cartel de la Toga’, fue citado por su posible relación con los hechos del “carrusel de pensiones”. Aunque aún no se conocen los motivos exactos de su llamado, se especula que podría aportar información relevante sobre las conexiones entre esta red y otros “carruseles de corrupción” en el departamento de Córdoba, como el del “Cartel de la Hemofilia”, caso en el que reconoció haber intentado manipular a un fiscal para favorecer a gobernadores como Alejandro Lyons.
Un proceso que pone a prueba al Gobierno
Las pruebas que están siendo practicadas fueron decretadas de oficio por el magistrado Farfán con el propósito de fortalecer el expediente que involucra al ministro Benedetti en este entramado de corrupción. Este nuevo avance se da pocos días después de que el funcionario denunciara como ilegal un allanamiento en su vivienda, ordenado por la magistrada Cristina Lombana, en el marco de otra investigación en su contra.
La reactivación del proceso por el “carrusel de pensiones” representa un nuevo golpe político para el ministro y un desafío para el Gobierno, que deberá responder ante la opinión pública por la permanencia de Benedetti en el cargo mientras enfrenta múltiples investigaciones judiciales. La Corte Suprema, por su parte, busca esclarecer si el actual ministro tuvo participación directa o conocimiento de las maniobras ilegales que drenaron millonarios recursos del Fondo del Magisterio.
