La Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó la captura inmediata de los congresistas reelectos Wadith Manzur y Karen Manrique por su presunta participación en el escándalo de corrupción que rodea a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. La decisión fue adoptada por la Sala de Instrucción del alto tribunal, que además los llamó a juicio por el delito de cohecho impropio.
De acuerdo con la investigación judicial, los dos legisladores habrían aprobado operaciones de crédito público desde la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público del Congreso a cambio de beneficios relacionados con proyectos de la entidad encargada de la gestión del riesgo. La Corte consideró que existen indicios suficientes para vincularlos con el presunto entramado de corrupción.
La decisión también incluye el llamado a juicio de otros cuatro congresistas por los mismos hechos: Liliana Esther Bitar, Julián Peinado Ramírez, Juan Pablo Gallo y el exparlamentario Juan Diego Muñoz Cabrera. Sin embargo, estos continuarán el proceso judicial en libertad mientras avanza el caso.
Según la ponencia presentada por el magistrado Misael Rodríguez, la Corte cuenta con documentos, grabaciones y testimonios que apuntan a la posible responsabilidad de los seis políticos en el escándalo. Las pruebas indicarían que los congresistas habrían dado su aval a créditos de la Nación a cambio de cupos indicativos para proyectos en sus regiones.
La investigación también menciona que estos ofrecimientos habrían sido promovidos, presuntamente, por los entonces ministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, quienes ya fueron imputados por este caso y permanecen privados de la libertad mientras avanzan las investigaciones de la Fiscalía.
Los proyectos que habrían servido como contraprestación para los congresistas tendrían un valor cercano a los 92 mil millones de pesos y estaban destinados a municipios como Cotorra, Saravena y El Carmen de Bolívar.
Este proceso se suma a otras decisiones judiciales relacionadas con el mismo escándalo, que ya ha llevado a la cárcel a figuras como los expresidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle, así como a la exalta consejera para las Regiones Sandra Ortiz. En el caso del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González, las autoridades informaron que permanece prófugo.
Los expedientes de los seis políticos ahora pasarán a la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema, que deberá adelantar el juicio correspondiente. Mientras tanto, todos los implicados han manifestado su inocencia y aseguran ser ajenos al entramado de corrupción investigado.
