La Corte Suprema de Justicia de Colombia condenó al exsenador Iván Moreno Rojas a cuatro años y tres meses de prisión por su participación en el escándalo de corrupción conocido como el “carrusel de la contratación” en Bogotá. La decisión judicial fue emitida el 11 de marzo de 2026 y establece además una inhabilidad por el mismo periodo para ejercer funciones públicas y el pago de una multa superior a 880 millones de pesos.
El fallo de la Sala Especial de Segunda Instancia concluyó que el excongresista incurrió en los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación a favor de terceros agravado por la cuantía. Según el expediente judicial, los hechos ocurrieron entre 2009 y 2010, cuando Moreno se desempeñaba como senador de la República.
De acuerdo con la sentencia, Moreno habría utilizado su influencia política para intervenir en procesos contractuales de entidades del Distrito durante la administración de su hermano, el entonces alcalde de Bogotá Samuel Moreno Rojas, quien gobernó la capital entre 2008 y 2011. La Corte señaló que el exsenador habría buscado fortalecer su movimiento político y su permanencia en el Congreso mediante el direccionamiento de contratos públicos.
Las irregularidades identificadas se relacionan principalmente con convenios y contratos celebrados en la Secretaría Distrital de Integración Social y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Según la investigación, estas operaciones incluían el pago de comisiones ilegales a cambio de favorecer a determinados contratistas en los procesos de adjudicación.
La Corte también determinó que el exsenador habría intervenido directamente o a través de terceros para influir en funcionarios que tenían capacidad de decisión sobre la contratación. De acuerdo con el expediente, las comisiones obtenidas por Moreno dentro de este esquema habrían alcanzado aproximadamente 1.350 millones de pesos.
Además de la pena de prisión y la multa, el tribunal ordenó al excongresista reparar el daño patrimonial causado al Distrito Capital con el pago de más de 7.000 millones de pesos. La sentencia establece que la pena deberá cumplirse en centro penitenciario bajo custodia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.
El caso hace parte del escándalo del “carrusel de la contratación”, una red de corrupción que involucró a funcionarios públicos, contratistas y políticos en la manipulación de contratos de infraestructura y servicios en la capital del país durante la pasada década. El proceso judicial ha derivado en múltiples investigaciones y condenas contra varios de los implicados.
Entre otras decisiones recientes relacionadas con este caso, la Corte Suprema también condenó al exsenador Efraín Torrado por irregularidades en contratos de suministro de alimentos entre 2008 y 2011, mientras que ratificó la condena contra la exdirectora del IDU Liliana Pardo Gaona por el delito de cohecho propio en procesos contractuales vinculados al esquema de corrupción.
