La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) rechazó la solicitud presentada por los abogados del presidente Gustavo Petro, quienes buscaban frenar la investigación que adelanta el Consejo Nacional Electoral (CNE) por la presunta violación de los topes de financiación en su campaña presidencial de 2022. El tribunal internacional calificó como improcedente la petición de medidas provisionales, aclarando que el CNE no tiene facultades para inhabilitar derechos políticos de un funcionario electo popularmente.
Este fallo se suma a una serie de decisiones adversas para el mandatario colombiano, incluyendo la reciente negación de una tutela ante el Consejo de Estado. Ambos fallos refuerzan la autonomía de las instituciones nacionales y limitan el alcance de los recursos legales que la defensa de Petro ha intentado implementar.
La respuesta de la Corte IDH: límites a la injerencia internacional
En su pronunciamiento, la Corte IDH enfatizó que la solicitud de los abogados del presidente carecía de sustento para justificar una intervención internacional. Según el tribunal, “de la información aportada en esta solicitud de medidas provisionales no surge que el órgano administrativo en cuestión tenga la facultad de inhabilitar o restringir los derechos políticos de un funcionario electo popularmente”.
El dictamen subrayó que el caso actual no guarda relación con el precedente de 2020, cuando la Corte falló en favor de Gustavo Petro como víctima tras haber sido destituido por la Procuraduría General de la Nación durante su mandato como alcalde de Bogotá. En aquel entonces, la Corte declaró que una autoridad administrativa no podía ordenar la destitución de un funcionario electo, lo que marcó un precedente importante para la política colombiana.
Sin embargo, en esta ocasión, el tribunal argumentó que la situación es distinta: el CNE solo está investigando posibles irregularidades en la financiación de campaña y no tiene competencias para inhabilitar o destituir al presidente. Además, la Corte recordó que el Estado colombiano debe resolver esta controversia bajo su propio marco normativo antes de recurrir a instancias internacionales.
Las acusaciones contra la campaña de Gustavo Petro
La investigación del CNE está enfocada en determinar si la campaña presidencial de Gustavo Petro y el Pacto Histórico superó los topes de financiación permitidos por la ley electoral en las elecciones de 2022. Según las denuncias, los gastos de la campaña habrían excedido el límite en más de 5.000 millones de pesos.
El CNE formuló cargos el pasado 10 de octubre de 2024, con base en la Resolución 05175, en la que señala posibles irregularidades en la financiación tanto de la primera como de la segunda vuelta presidencial. En caso de confirmarse estas infracciones, las sanciones podrían incluir multas significativas o la devolución de los montos excedidos.
No obstante, los abogados de Petro advirtieron que la investigación podría desencadenar una eventual pérdida del cargo, si las conclusiones del proceso llevan a que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes intervenga en el caso. Para la defensa del presidente, esto representaría una violación de su “fuero integral” y una amenaza a sus derechos políticos fundamentales.
Defensa de Petro: argumentos y preocupaciones
La estrategia legal de Gustavo Petro se ha basado en argumentar que la investigación del CNE podría vulnerar sus derechos políticos y limitar el alcance de su fuero presidencial. Sus abogados radicaron la solicitud ante la Corte IDH con el objetivo de que el tribunal interviniera de manera urgente para detener el proceso.
Entre los argumentos expuestos, la defensa sostuvo que:
- El CNE estaría excediendo sus competencias al investigar al presidente, ya que las decisiones sancionatorias de este tipo corresponden exclusivamente a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
- La investigación podría tener repercusiones más allá de una sanción administrativa, al implicar la eventual pérdida del cargo presidencial.
- Este proceso representaría una forma indirecta de golpe de Estado, al utilizar mecanismos administrativos para debilitar la legitimidad del presidente electo.
No obstante, la Corte IDH desestimó estos argumentos, señalando que la solicitud presentada no guarda relación con el objeto del caso Petro Urrego de 2020 ni con las garantías de no repetición establecidas en ese fallo.
¿Qué sigue en el proceso contra Gustavo Petro?
Con el rechazo de la Corte IDH y la negación de la tutela por parte del Consejo de Estado, el proceso investigativo continuará en el CNE. Aunque las sanciones que este organismo puede imponer están limitadas a multas o devoluciones económicas, el caso podría generar una fuerte presión política sobre el gobierno y el presidente.
Esta situación pone de relieve la importancia de los controles electorales en Colombia y la necesidad de garantizar transparencia en el manejo de los recursos de campaña. Asimismo, plantea interrogantes sobre cómo el gobierno enfrentará las consecuencias políticas de un fallo desfavorable, especialmente en un escenario donde la oposición podría capitalizar esta controversia para debilitar la gestión de Gustavo Petro.
El presidente y su equipo legal deberán ahora enfocarse en presentar su defensa ante el CNE y demostrar que no hubo irregularidades en la financiación de su campaña. Sin embargo, la pregunta queda en el aire: ¿logrará Petro salir indemne de esta investigación o quedará marcado políticamente por este episodio?
