La Corte Constitucional ha declarado inexequibles las facultades otorgadas a la Superintendencia de Subsidio Familiar (SuperSubsidio) para sancionar, intervenir e imponer multas a las Cajas de Compensación Familiar. Esta decisión, tomada por la Sala Plena, establece un precedente crucial en cuanto a la distribución del poder sancionatorio dentro del aparato estatal colombiano.
El análisis se centró en una demanda contra los numerales 20, 22 y 23 del artículo 7° del Decreto Ley 2150 de 1992, los cuales conferían a la entidad facultades de inspección, vigilancia y control. La Corte consideró que esas atribuciones vulneraban el principio constitucional de reserva de ley, dado que el Congreso es el órgano competente para definir con claridad y objetividad estos poderes.
“La Constitución Política de 1991 dispone que es el Congreso, mediante pautas generales, claras y objetivas, a quien le corresponde direccionar adecuadamente el ejercicio de la potestad reglamentaria y definir los contenidos mínimos para el ejercicio de tales atribuciones, sin incurrir en una indeterminación insuperable”, puntualizó el alto tribunal.
Principio de legalidad y debido proceso, en el centro del fallo
La Corte no solo anuló los apartes normativos por razones formales, sino que además advirtió que el diseño legal actual afectaba el principio de legalidad y el derecho al debido proceso. De acuerdo con el pronunciamiento, la ausencia de un marco legislativo actualizado y detallado sobre las sanciones administrativas genera incertidumbre jurídica.
“El ejercicio de medidas cautelares y sancionatorias en el ámbito de la inspección, vigilancia y control requiere de un diseño legal claro, objetivo y previsible por parte del legislador”, explicó la Corte. De lo contrario, advirtió, no se pueden garantizar los mínimos del debido proceso administrativo, y se corre el riesgo de que las entidades ejecuten funciones que no están suficientemente delimitadas por la ley.
Este análisis resalta la importancia de contar con lineamientos normativos sólidos cuando se trata del control de instituciones como las Cajas de Compensación Familiar, que manejan recursos públicos y prestan servicios de alto impacto social. El fallo protege, en consecuencia, la seguridad jurídica de las entidades supervisadas y refuerza la función normativa del Congreso.
