En un despliegue operativo de alcance nacional, las Fuerzas Armadas de Colombia asestaron significativos golpes a las estructuras del narcoterrorismo y a sus redes de financiamiento ilícito en distintas regiones del territorio patrio. Las acciones interinstitucionales, desarrolladas por el Ejército Nacional y la Policía Nacional, permitieron la captura de peligrosos dinamizadores de la violencia, la incautación de material bélico de alta tecnología y la neutralización de millonarias infraestructuras dedicadas a la extracción ilegal de yacimientos mineros.
El balance operacional abarca intervenciones estratégicas en los departamentos de Norte de Santander, Antioquia, Córdoba, Caquetá y Tolima, lugares donde operan diversas organizaciones al margen de la ley que atentan contra la seguridad ciudadana y la integridad de la fuerza pública.
Neutralización de grupos armados y sometimiento a la justicia
Uno de los principales frentes de acción tuvo lugar en el municipio de Tibú, ubicado en la convulsionada región del Catatumbo, Norte de Santander. En esta zona, efectivos del Ejército Nacional lograron la captura de cinco integrantes de la Estructura 33, una facción vinculada a actividades narcoterroristas que genera zozobra en el oriente del país. Durante el procedimiento táctico, las tropas incautaron un arma de fuego de largo alcance, tres armas cortas de diferentes calibres y una importante cantidad de munición de guerra.
Simultáneamente, la Policía Nacional ejecutó operaciones dirigidas a debilitar la presencia del Clan del Golfo en las subregiones del occidente antioqueño y el sur del departamento de Córdoba. Los procedimientos, adelantados en los municipios de Santa Fe de Antioquia y Tierralta, dejaron como resultado la captura de otros cinco miembros pertenecientes a la mencionada estructura criminal.
En el marco de la presión ejercida por las autoridades en la Amazonía colombiana, la Estructura «Raúl Reyes» sufrió un menoscabo en sus filas operativas dentro del departamento del Caquetá. En el municipio de Florencia, dos combatientes de esta agrupación decidieron someterse voluntariamente a la justicia. Los desmovilizados hicieron entrega formal a las autoridades de tres armas largas, así como de un dron y tres artefactos explosivos diseñados específicamente para ser adaptados e impulsados mediante aeronaves no tripuladas, una modalidad tecnológica que pretendía ser empleada contra la población civil y las patrullas en la zona.
Paralelamente, las acciones preventivas para contrarrestar la amenaza de minado preventivo e indiscriminado se concentraron en Sardinata, Norte de Santander. En este punto geográfico, personal especializado de la Policía Nacional concretó la destrucción controlada de 100 artefactos explosivos pertenecientes al Ejército de Liberación Nacional (ELN). La desactivación de esta masa de detonadores elimina de manera directa un riesgo constante que amenazaba la vida de los habitantes rurales y de los uniformados que realizan labores de patrullaje en el municipio.
Ofensiva contundente contra las rentas de la minería ilegal
La estrategia estatal para asfixiar las economías subterráneas que sustentan el conflicto armado se intensificó con severos golpes a los enclaves extractivos no autorizados. La Dirección de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Nacional desplegó un operativo especial sobre la cuenca del río Saldaña, en jurisdicción de los municipios de Chaparral y Coyaima, en el departamento del Tolima.
En dicho sector, las unidades policiales intervinieron y destruyeron cinco unidades de producción de minería ilícita. El material inutilizado mediante procedimientos técnicos incluye seis excavadoras de gran tonelaje, cuatro dragas de tipo buzo, ocho motobombas de alta potencia y tres motores industriales. Toda esta maquinaria pesada fue avaluada formalmente en $3.198 millones de pesos.
De acuerdo con las investigaciones de inteligencia militar y policial, estas cinco unidades extractivas tenían la capacidad operativa de extraer mensualmente una cantidad de oro valorada en cerca de $4.000 millones de pesos. Dicha actividad delictiva alimentaba directamente el andamiaje financiero del Frente Narcoterrorista Gerónimo Galeano, una facción alineada con el Estado Mayor Central (EMC), al cual le reportaba aproximadamente $599 millones de pesos mensuales producto de cobros extorsivos y porcentajes sobre el material comercializado. Además del rédito económico negado a los criminales, la neutralización de este enclave detuvo la acelerada devastación ecológica y la severa contaminación con mercurio que afectaba los cauces del río Saldaña.
Las operaciones de control ambiental e incautación se extendieron a otros puntos vulnerables de la geografía nacional. El Ejército Nacional reportó la afectación directa a otras 24 unidades de producción minera ilegal y la neutralización de 21 dragas dedicadas al dragado indiscriminado en lechos fluviales. Asimismo, en el municipio de Ayapel, departamento de Córdoba, la Policía Nacional localizó y destruyó 26 motobombas adicionales y ocho estructuras clasificadoras de mineral, con lo que se frena el deterioro hídrico de los ecosistemas locales y se cierra aún más el cerco financiero sobre las organizaciones dedicadas al tráfico de recursos naturales.
