El ministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez, ha solicitado a la Alcaldía de Sincelejo que desmonte de inmediato el frente de seguridad privada móvil que comenzó a operar recientemente en la ciudad. A través de su red social X, Velásquez argumentó que esta iniciativa “nos devuelve a épocas superadas del paramilitarismo, precisamente en una región que sufrió sus más graves impactos”.
La Alcaldía de Sincelejo contrató a la empresa Vipers Ltda por más de 24 mil millones de pesos para la implementación de un modelo de vigilancia privada móvil que estará vigente hasta el año 2027. El alcalde Yahir Acuña Cardales, acompañado del teniente coronel Jorge Alejandro Murcia Chacón, comandante (e) del Departamento de Policía Sucre, defendió la iniciativa en una rueda de prensa el pasado lunes. Según Acuña Cardales, el propósito de este modelo es “complementar las estrategias de seguridad y mejorar la percepción de seguridad en los lugares de esparcimiento, zonas de alta afluencia y obras de infraestructura”.
Desde su anuncio, el proyecto ha generado opiniones divididas entre los ciudadanos de Sincelejo. Mientras algunos consideran que la medida mejorará la seguridad en la ciudad, otros temen que pueda revivir recuerdos oscuros del paramilitarismo en la región. El alcalde Acuña Cardales aseguró que “las empresas de seguridad de vigilancia privada están reglamentadas en la ley y ellas no traspasan las fronteras de sus competencias”, subrayando que esta práctica no es nueva en Colombia y es común en otras partes del país.
Por otro lado, el ministro Velásquez insistió en que la presencia de un grupo de vigilancia privada de estas características podría tener implicaciones negativas para una región que aún lidia con el legado de la violencia paramilitar. Su llamado ha intensificado el debate sobre la mejor manera de garantizar la seguridad sin revivir traumas del pasado.
El alcalde Acuña Cardales ha defendido enérgicamente la implementación del frente de seguridad privada móvil, destacando que su objetivo principal es aumentar la seguridad y la percepción de la misma en áreas clave de la ciudad. Según Acuña, este tipo de vigilancia es esencial para proteger la infraestructura pública y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
“Lo que estamos es colocando vigilancia privada en nuestros parques y obra pública y mejorando la percepción de seguridad”, explicó Acuña Cardales, tratando de calmar las inquietudes de la población y enfatizando la legalidad y regulación de estas empresas de seguridad.
La solicitud del ministro de Defensa coloca a la administración local en una situación complicada, teniendo que balancear la necesidad de seguridad con las preocupaciones históricas y sociales de la región. La decisión sobre el desmonte o la continuidad del frente de seguridad privada móvil podría tener implicaciones significativas no solo para Sincelejo, sino también para otras ciudades colombianas que consideran medidas similares.
